Los puestos 5 y 7 del Mercado Central, donde se ha ubicado durante años un bar-restaurante, permanece cerrado cuatro meses después de su desalojo y sin posibilidad momentánea de sacarlo de nuevo a subasta. Al parecer, aún está pendiente de resolución un recurso ante la Audiencia Provincial de València y además no está resuelta la retirada de la concesión, lo que además ha permitido a la empresa mantener allí los carteles de protesta en los que denuncia la pérdida de empleo de diez familias y la supuesta injusticia que se está cometiendo con ellos.
Los dos puestos del Mercado Central han estado ocupados por la empresa Supergourmet hasta primeros de este año, cuando el Ayuntamiento de València ordenó su desalojo por carecer de permiso para preparar comidas elaboradas.
La empresa y los trabajadores, sin embargo, han mantenido su protesta en el tiempo. Estos últimos iniciaron una recogida de firmas entre los vecinos y clientes del mercado y forraron de carteles las paradas denunciando la pérdida de empleos y la «persecución» que la empresa ha sufrido por parte del consistorio.
En este sentido, el letrado de Supergourmet, Alfredo García, asegura que la denuncia de 750 euros impuesta por el ayuntamiento por supuesto exceso de terraza, denuncia que ya ha pagado, sería una prueba de esa persecución, ya que hay al menos otros seis establecimientos en la misma plaza que tampoco tienen acotadas las terrazas y hacen un uso excesivo de mesas y sillas sin que el ayuntamiento les haya llamado a capítulo, afirma.
Por su parte, la empresa sigue peleando en los juzgados el reconocimiento de sus derechos. Agotadas todas las vías municipales, ahora el recurso contra el desahucio está en la Audiencia Provincial.
Cuestiones administrativas
Además, fuentes municipales explicaron que aún no está resuelto el tema de la concesión, ya que en su día se le retiró la licencia de actividad y quedó pendiente este otro asunto. Ese es el motivo por el que los carteles de protesta han permanecido en el tiempo más allá del desalojo del mes de enero.
Todas estas cuestiones hacen, finalmente, que estos puestos, de titularidad municipal, no hayan salido a subasta cuatro meses después de su desalojo. Tampoco se le permite a la empresa concesionaria seguir trabajando mientras se soluciona el conflicto, como ha solicitado por distintas vías.
Así pues, los puestos siguen cerrados a la espera de una solución.
