Trece viviendas de alquiler social para familias vulnerables (cuatro adjudicadas y otras nueve que están en proceso de rehabilitación); talleres formativos de convivencia, informática, costura y reparación de bicicletas (de los que se han beneficiado un centenar de personas); reuniones con colectivos y asociaciones gitanas para conocer las necesidades de este colectivo con fuerte presencia en el Cabanyal; y la concesión de 323 ayudas de emergencia social por importe de 114.000 euros.
Estas son algunas de las acciones sociales que se han llevado a cabo en los dos últimos años por parte del Ayuntamiento de València en el Cabanyal-Canyamelar.
Sin ser tan visibles como las mejoras urbanísticas y sin la celeridad que demandan los vecinos tras más de una década abandono y conflicto por el proyecto de la prolongación de Blasco Ibáñez (ahora anulada), las mejoras sociales empiezan a llegar al barrio. Así, al menos lo aseguran las concejalas de Bienestar Social e Integración, Consol Castillo e Isabel Lozano, ante las quejas de los vecinos del barrio que afirman que las obras de reurbanización son insuficientes para normalizar el Cabanyal y demandan medidas contra problemas enquistados como la venta de droga en el entorno de la calle San Pedro, las chatarrerías ilegales, los ruidos y la okupación de viviendas.
Castillo insiste en que el Govern de la Nau ha puesto en marcha un plan específico para combatir la exclusión social en el Cabanyal, mientras Lozano destaca las acciones que se están llevando a cabo para "dinamizar el barrio tras años de degradación sistemática".
La okupación de viviendas municipales (también privadas) es una de las asignaturas pendientes del Cabanyal. Hay casos extremos como el del edificio municipal del número 117 de la calle de la Reina, pendiente de un proyecto de rehabilitación (a financiar por el Plan Confianza) para destinarlo a Centro Social, cuya «viabilidad está en peligro» tras infructuosos intentos de negociación con los okupas instalados en su interior para que liberen de forma pacífica este futuro recurso social del barrio.
Trabajo de calle
Durante estos meses, los técnicos de Inserción Sociolaboral y Servicios Sociales han llevado a cabo un complicado trabajo de calle para conocer con detalle la situación de las familias que ocupan las viviendas de propiedad municipal del barrio. Entre abril y mayo se llevó a cabo una primera aproximación al problema en las dos zonas más conflictivas, los bloques portuarios y el eje de las calles Pescadores y San Pedro.
Los técnicos identificaron a las familias y se les ofreció ayuda social para su inserción. En junio, se ha vuelto a realizar un nuevo análisis en colaboración con el equipo de intervención para la erradicación de vivienda precaria (gestionado por Alanna) de las 62 viviendas municipales ocupadas.
Los perfiles de la ocupación son cuatro: okupas, familias vulnerables identificadas, familias posiblemente vulnerables que no quieren ser identificadas y familias "muy conflictivas" y con actitudes "beligerantes". En base al análisis realizado, Bienestar propone para los primeros "iniciar de manera inmediata los desalojos ante el bloqueo de la acción de gobierno" que representan.
Para las familias vulnerables se aconseja intensificar el apoyo social ante posibles desalojos. En relación a las familias beligerantes se requiere "la acción policial para evitar conductas delictivas y faltas".
En todo caso, afirman los técnicos de Integración y Servicios Sociales la consigna "pasa por recuperar las propiedades municipales para emprender los proyectos de rehabilitación y construcción de servicios y equipamientos públicos tanto del programa europeo Edusi como del plan Confianza".
En relación al programa Edusi y pese al retraso en su tramitación por parte del Ministerio de Hacienda, el ayuntamiento ha avanzado en la redacción de varios proyectos, entre ellos un programa de teleasistencia, una escuela taller y una ofician de orientación e información para familias vulnerables en propuesta de licitación y con un presupuesto de 1,5 millones de euros.
