Señor Alcalde: Hace dos años su alcaldía consideró prioritaria la intervención en la Plaza de la Reina. Se propuso nuestro proyecto, ganador del concurso realizado en 1999 por el Colegio de Arquitectos, como base para desde él resolver este tema. Proyecto al cual solo le restaba poner al día aspectos del aparcamiento y la toma de consideración de la participación ciudadana.

La gestión que pudo ser fácil y clara, ha devenido en un sinsentido producto de la ineficacia y la burocracia de un Ayuntamiento que nunca entendió la oferta que le bridó el Colegio de Arquitectos, ni valoró adecuadamente una propuesta arquitectónica valiente y capaz de adecuarse a los retos de lo contemporáneo. Proyecto, por cierto, con la aceptación popular y perfectamente asumido por asociaciones y colectivos culturales.

En ese dilatado y excesivo periodo de tiempo (incomprensible para un proyecto prioritario para Valencia) se ha producido una circunstancia totalmente ajena a nuestra oferta ya que una de las empresas de apoyo, que tan solo representa el 20% del equipo, ha tenido que asumir su entrada (imprevista y coyuntural) en concurso de acreedores. Cuestión que se ha resuelto aportando documentación jurídica razonada que ofrecía dos propuestas que cumplían perfectamente la legislación vigente en estos casos, tanto la estatal como la comunitaria europea. Consideraciones que por circunstancias políticas, y cierta cobardía, no se han tenido en cuenta y han llevado a buscar la solución menos comprometida para los servicios jurídicos municipales, obviando la valoración objetiva de nuestro proyecto, 89.4 puntos sobre los 100 posibles, que en ningún caso quedaba comprometida por dicho tema, tal como los propios servicios técnicos nos confirmaron.

Hemos de señalar que para nosotros constituyó una desventaja el hecho de que se utilizara el material de nuestro primer proyecto de 1999, formando parte de las bases del actual concurso, sin contar para ello con nuestro beneplácito, ni el del Colegio de Arquitectos. Nos preguntamos cómo va a responder el Ayuntamiento a la propiedad intelectual del proyecto.

Hay que recordar que el concurso de 1999 obligaba a que en caso de ser usado, en sudesarrollo intervinieran los autores, como se advirtió por escrito en su momento al Ayuntamiento.

Por todo lo dicho, como arquitectos responsables de la oferta más ventajosa y contrastada calidad arquitectónica, consideramos un sinsentido la gestión llevada a cabo por un Ayuntamiento que se supone progresista, pero que no ha sabido (o no ha querido) defender el proyecto mejor valorado para los intereses de la ciudad, siendo incapaz de adjudicar la redacción del mismo al equipo que, además de haber ganado el concurso, ha demostrado históricamente la mejor de las disposiciones e incluso solvencia para llevarlo a cabo.