Dos semanas llevan esperando los vecinos afectados por las expropiaciones de la Zona de Actuación Logística del Puerto de València (ZAL) a que el Juzgado comunique la admisión a trámite de la denuncia contra el procurador F.J.F. C., por una supuesta apropiación indebida de 1.238.264,14 euros. La querella la presentó en el Juzgado de Guardia la decana del Colegio Oficial de Procuradores de València, Laura Oliver Ferrer el pasado 25 de julio. Hasta hoy no han tenido ninguna notificación del Juzgado número 13 de València al respecto. Los vecinos de La Punta continúan incrédulos por lo sucedido. «Es algo tan injusto que no entendemos como la justicia no está actuando ya», señalaba Mari Carmen González, portavoz de la Asociación La Unificadora. Sobre todo porque en el texto de la querella se reclamaban medidas cautelarísimas como el embargo de las cuentas, derechos y propiedades de todo tipo del querellado. «No estamos hablando de la vía administrativa, sino de la penal, que entendemos que no puede estar de vacaciones», apuntaba ayer González.
Como se recordará, el querellado actuó como procurador en el litigio abierto para reclamar a la Generalitat Valenciana una indemnización derivada de la expropiación forzosa de bienes y derechos para la ejecución de la ZAL. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó la demanda, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. Para ejecutar el fallo, a finales de abril de 2017 la Generalitat depositó en la cuenta del TSJ 1.612.845,28 euros, en varias partidas. Al tratarse de muchos demandantes, se solicitó a la Sala que el dinero fuera abonado en una cuenta del Banco Santander a favor de F.J. F. C., que hasta la fecha había representado como procurador a los afectados. Solo pagó 374.581, 14 euros. Por el camino se quedaron, presuntamente, 1,2 millones.
Desde el colegio de procuradores se solicitaba prisión preventiva. «El escándalo que suponen los hechos relatados y más aún al haberse producido en el ámbito de funcionamiento de la justicia», fue lo que llevó a la decana a solicitar también la responsabilidad civil. Los vecinos asisten, perplejos, a lo que califican como «situación de indefensión». Lo que al principio creyeron que se trataba de un error, se ha convertido en una auténtica «pesadilla». Cuando el procurador dejó de pagar a los afectados, les aseguró que era una cuestión de días al habérsele acabado los talonarios del Banco de Santander.
Se da la circunstancia, y el agravante, de que se trata del mismo procurador que les ha acompañado en 15 de los 25 años de lucha que lleva la asociación movilizándose contra la ZAL y las expropiaciones, y reclamando la preservación de la huerta que fue asfaltada. De la larga lista de afectados, F.J.F.C solo pagó a doce. «Nos parece todo tan increíble. No estamos hablando de poco dinero, se trata de 1,2 millones de euros lo que este señor se ha llevado presuntamente por lo que nos parece inadmisible totalmente», insistía González, quien apostillaba con un punto de cansancio y frustración: «A qué espera la justicia para actuar». «Es desconcertante e incomprensible que no tengamos ningún tipo de respuesta», zanjaba.
