Ayer mismo, este periódico publicó la denuncia de una señora de 70 años que se siente acosada y amenazada por un okupa que vive en una vivienda municipal de la calle Padre Luis Navarro. Y todo parece indicar que es una situación generalizada en la denominada «zona cero». Al menos así lo denuncian las entidades ciudadanas del barrio.

Pregumtado sobre este asunto, el alcalde de València, Joan Ribó se mostro contundente: «Esta misma mañana ha estado hablando otra vez con el asesor de temas jurídicos para que se acelere al máximo el tema de ocupaciones ilegales».

A su juicio, «lo primero que hay que hacer es desocupar las viviendas y luego, en funcion de las personas que haya en su interior, cuya situación puede ser compleja, le daremos una salida». Para aquellas familias que están en riesgo de exclusión social, se hará lo posible «para que tengan una vivienda» y «si es una okupación por otros motivos, se tedrán que ir».

«Yo he hablado ya con la fiscal y estamos tratando el asunto. Yo entiendo a esta señora (en referencia a la denuncia de la vecina de la calle Padre Luis Navarro), pero los problemas de ocupación no son solo de la Policía Loal o del ayuntamiento, son temas que pasan tambien por la Justicia, que tiene la lentitud caracterísica de la Justicia española. Nosotros lo aceleraremos al máximo», explicó el alcalde.

Respecto a la posibilidad de negociar con los okupas, una cuestión que se planteó al principio de legislatura, pero que ha acabado prácticament abandonada a tenor de los resultados, el alcalde dijo que «se está trabajado en algun caso» y que «en alguna ocasión se llega a acuerdos y en otras no», aunque terminó admitiendo que «mayoritariamente no se llega a acuerdos». «No es fácil», sentenció.

Sólo queda, por tanto, la vía judicial, una vía que el ayuntamiento primero dejó en segundo plano pero que luego decidió explotar al máximo anunciando que denunciaría y se personaría en todos los casos conocidos.

Retraso en inversiones

Y es que estas ocupaciones, además de generar importantes molestias a los vecinos, también está retrasando importantes inversiones para el barrio.

«Nosotros temenos un edificio para hacer un centro social y no pueden entrar los aqrquitectos para hacer el proyecto, es decir, que es un tema que hay que denunciar con rotundidad porque nos está retrasando inversiones importantes y además se están retrasando por la okupación de unas personas que no tienen un problema familiar, pero que están ahí».

Se refería Ribó al centro de servicios sociales que el Ayuntamiento de València quiere instalar en el número 117 de la calle Reina. Se trata de un edificio de titularidad municipal que está okupado por cuatro personas y que no ha podido ser desalojado voluntariamente por la negativa de las mismas. Este es uno de los casos en los que se ha intentado la vía de la negociación y no ha habido respuesta.

Para este proyecto el ayuntamiento dispone de un presupuesto de 300.000 euros que se financia con cargo al Plan Confianza de la Generalitat y que podría perderse si no se ejecuta en plazo.