En las mismas instalaciones y con la vocación de servir a las personas en riesgo de exclusión social pero con una gestión, una imagen corporativa y un concepto de las prestaciones sociales radicalmente diferentes. Así se desarrolla hoy la llamada Ciudad de la Esperanda (Cides), un complejo construido en Aldaia en 1994 por el sacerdote Fernando Giacomucci y que, desde hace tres años, tras la mediación del Arzobispado, gestiona un nuevo equipo, que se ha empeñado en cambiar la imagen de descrédito en la que cayó.
El también sacerdote Vicente Aparicio Tordera está al frente del nuevo proyecto, que actualmente ofrece casa y comida, además de otros recursos de reinserción, a 140 personas sin hogar, de 36 nacionalidades. Su paso por el centro es temporal, según sus necesidades, pero no como un recurso finalista sino como una transición hacia su vuelta a la sociedad o a otro centro más especializado.
El director está ayudado por otros siete profesionales (un adjunto a la dirección, una psicóloga, un administrativo, una trabajadora social, un orientador laboral, una persona para mantenimiento y una enfermera) y cuatro voluntarios, además de dos empresas externas (la de catering y un despacho de abogados).
Los beneficiarios llegan hasta las instalaciones del Pla de Quart mayoritariamente derivados por el Ayuntamiento de Valencia, con el que el centro logró restablecer relaciones y renovar el convenio que cubre su manutención. La concejalía de Cooperación e Inmigración los remite a Cides «con unos objetivos marcados por los profesionales de los servicios sociales, que controlan su evolución». Según el adjunto a la dirección, Vicente Santandreu, unos 100 residentes actuales han llegado por esta vía. Son hombres, jóvenes e inmigrantes o refugiados cuya estancia puede ser de apenas unos días o de meses.
El resto de residentes viene desde los servicios sociales de los pueblos de l'Horta. Son personas de nacionalidad española, adultas, con problemas desarraigo familiar e incluso adicciones. En este caso, la condición es que acudan a las Unidades de Conductas Adictivas (UCA). Finalmente, reconocidas entidades sociales derivan allí a personas sin hogar.
Según los datos ofrecidos por Cides, los residentes se hospedan en pisos para seis personas, ubicados en unifamiliares (la capacidad global supera las 190 personas pero sólo 180 están disponibles porque cada vez que se desaloja uno pasa por un proceso de reforma). Dado que el número de residentes fluctúa, en el centro indican que al mes se realizan unas 3.800 pernoctaciones y se ofrecen 20.000 servicios de comida (cinco al día por persona). Todo ello, junto al mantenimiento de las instalaciones supone un coste anual de 600.000 euros, según informan.
El Ayuntamiento de Valencia cubre el coste de los residentes pero no el resto de consistorios ni entidades aunque «se les atiende igualmente» por lo que «hay unos 120.000 euros que hemos de obtenerlos de donativos», reconocen. Para afrontar el coste, han creado un sistema de becas.
