La aprobación de la reparcelación de la primera fase del Parque Central ha despertado el interés de los fondos de inversión por la compra de las parcelas lucrativas, donde se podrán construir mil de las 4.200 viviendas previstas en todo el ámbito.
En la primera fase del Parque Central se comercializan cinco grandes pastillas de suelo, divididas en 24 solares, ubicadas frente a la estación del AVE Joaquín Sorolla, en la esquina del parque ocupada actualmente por un lavadero de coches, en Bailén, en la calle Maestro Sosa esquina con San Vicente y en Peris y Valero.
Los propietarios privados del suelo, que concentran el 30 % de las parcelas y entre los que se encuentran desde la Sareb hasta la familia Trénor, ya pueden poner a la venta sus propiedades. De hecho, según ha sabido este diario, varios fondos de inversión están negociando la compra de suelo.
La Sociedad València Parque Central, donde están representados el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento, sacará a subasta sus solares el año próximo, una vez el consejo de administración apruebe el procedimiento de enajenación.
La sociedad es propietaria del 43 % de las parcelas, que en el proyecto de reparcelación se han valorado en 25 millones de euros. El 28% restante está en manos de Adif y también del ayuntamiento, que confía en recuperar con la venta de suelo los 40 millones de euros que le corresponde aportar al crédito sindicado con el que se está pagando la urbanización del parque.
La reparcelación del Parque Central, sin embargo, no ha contentado a todos y ha sido objeto de tres recursos contenciosos aún pendientes de resolver interpuestos por dos familias que no están de acuerdo con el reparto y el dueño de un concesionario de coches que reclama una compensación económica por tener que cerrar parte de su negocio al estar afectador las obras del parque.
El objetivo de la sociedad es sacar el máximo rendimiento urbanístico al suelo edificable en el entorno del parque, de ahí que la sociedad esté estudiando fórmulas para agrupar parcelas y facilitar las operaciones de compra-venta. En el convenio suscrito en 2003 para desarrollar la solución ferroviaria se confiaba en obtener 310 millones de los aprovechamientos urbanísticos para costear al menos una parte de las obras ferroviarias pendientes.
