El Ayuntamiento de València lleva al pleno del próximo jueves la aprobación de la nueva ordenanza del banco de tierras agrícolas. Se trata de un registro auspiciado por la concejalía de Agricultura, Horta i Pobles de València que pretende poner en contacto a propietarios con campos en desuso con aquellos labradores interesados en cultivar esas parcelas.
El objetivo último que pretende el área dirigida por Consol Castillo es el de conservar los usos agrícolas y evitar el abandono de las tierras.
El registro en el Banc de Terres será voluntario, pero para fomentar esta iniciativa el Ayuntamiento de València estudia medidas concretas como bonificar gran parte del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles rústicos al propietario de las parcelas.
El consistorio actuaría además como mediador entre el dueño de los terrenos y el arrendatario, de tal manera que dará «seguridad jurídica a quien participe en este registro de campos de cultivo en desuso en caso de conflicto. En todo caso, serían las partes interesadas las que fijarían los términos del posible acuerdo, sin que el consistorio o el Consell Agrari Municipal -entidad que gestionará el Banc de Terres- puedan predeterminar, valorar ni condicionar el negocio jurídico que se estableciera.
Con esta iniciativa del equipo de Consol Castillo, el Govern de la Nau daría un paso más en su compromiso de protección y fomento de l'Horta, y de preservación de la actividad agraria en los pueblos de la ciudad. Desde la concejalía quieren incluir en el Banc de Terres todas aquellas parcelas de la Administración (ayuntamiento, diputación, etc), así como las que pertenecen a grandes entidades bancarias (como muchas hanegadas de la Partida de Dalt de Campanar) y, por su puesto, aquellos particulares que se han desentendido de la tradición agrícola tras heredar tierras.
Paliar el problema ambiental
Además de paliar el abandono de parcelas con vocación agraria, el objetivo del Banc de Terres es intentar dar solución "a la creciente problemática ambiental que se deriva, como el incremento del riesgo de incendio, la proliferación de plagas y de roedores, la erosión del suelo, la proliferación de vertidos incontrolados de desperdicios, la degradación paisajística, etc., al mismo tiempo que evitar la pérdida de bagaje cultural que supondría la interrupción en la transmisión a las futuras generaciones de los conocimientos de las prácticas agrícolas asociadas", señala el texto de la Ordenanza.
El Ayuntamiento de València, a solicitud de alguna de las partes, podrá mediar, orientar o asesorar sobre cuestiones jurídicas, técnicas y económicas relativas al acuerdo, que, en su caso, puedan llegar a formalizar las partes interesadas a que se hayan puesto en contacto a través del Banc de Terres.
Esta mediación, orientación y asesoramiento será potestativo y no obligatorio y se podrá realizar de manera directa por medio de los servicios técnicos y jurídicos del Consell Agrari Municipal o mediante otros servicios externos.
Un aspecto importante es que el Banc de Terres Agrícoles tendrá únicamente "carácter informativo", sin que produzca ningún efecto sobre el régimen jurídico de las parcelas incluidas, ni sobre el derecho de propiedad ni otros derechos reales o gravámenes sobre estas y sin que constituya prueba del derecho de propiedad u otros derechos sobre las fincas.
Ayuntamientos como el de Godella ya han puesto en marcha iniciativas similares, que han de desarrollarse en los próximos años ante la novedad que supone en el campo valenciano.
