Los Presupuestos Generales del Estado han dejado finalmente en 3,6 millones de euros la aportación del Gobierno al transporte metropolitano de València, una cantidad muy alejada de los 10 millones que pactaron PP y Ciudadanos y más aún de los 38 que venía reclamando el Ayuntamiento de València y la Generalitat. El motivo de esta rebaja, según explicó ayer la consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, es la incompatibilidad de estas ayudas con otras que recibe València y la condición de que el consistorio y la Generalitat aportaran otros 10 millones cada uno.
La financiación del transporte metropolitano fue el tema estrella del primer Consejo de Administración de la Autoridad de Transporte Metropolitana de València (ATMV), pues en el orden del día se había incluido, entre otros temas, las actuaciones en materia presupuestaria que hay que acometer para incluir los 10 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, así como aquellas partidas que deberán aprobarse en el decreto ley autonómico.
Sobre la aportación del Estado, la consellera explicó que «se nos otorga con exigencias y restricciones diferentes a las otras áreas españolas». Es decir, denunció que se exija que la aportación de la Generalitat y de las Administraciones Locales en ningún caso sea inferior a la aportación de la Administración del Estado.
Según dijo Salvador, mientras que en el caso de Madrid, Barcelona y Canarias se exige exclusivamente que los pagos efectuados sean igual a las obligaciones reconocidas sin pedir cantidad concreta para que la Administración del Estado libre su subvención, en el caso de la Comunitat Valenciana «se exige en términos absolutos la cuantía mínima de 10 millones para que la administración del Estado aporte otros 10 millones».
En este punto, la consellera declaró que las administraciones territoriales valencianas ya aportan más de 150 millones de euros anualmente al transporte metropolitano al financiar directamente a los operadores de servicios de transporte.
Ahora, con la redacción impuesta desde el ministerio, explicó Salvador, «indirectamente se obliga a las administraciones territoriales de la Comunitat Valenciana a modificar la forma de sus presupuestos para que la financiación del transporte metropolitano se canalice a través de la ATMV, sin que esto se traduzca, en realidad, en un cambio de fondo de la financiación actual de las Administraciones territoriales valencianas al transporte metropolitano».
Además, «esta restricción suplementaria para València exige trámites administrativos añadidos y puede ralentizar la ejecución de unos presupuestos que fueron aprobados con una distribución que ahora deberá alterarse, sin ningún beneficio real para los ciudadanos».
Así mismo, añadió que «la inclusión del área metropolitana de València en la financiación estatal de áreas metropolitanas puede implicar incompatibilidad para que algunos municipios de más de 50.000 habitantes sigan recibiendo financiación por la vía de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En el año 2017, por ejemplo, los Ayuntamientos de Valencia y de Paterna recibieron 6.282.321,45 euros y 39.464,08 euros respectivamente.
En este escenario, María José Salvador aseguró que «el transporte de València no contará con una financiación estatal suplementaria de 10 millones de euros respecto a la existente, sino con una cantidad adicional neta de 3.678.214 euros, respecto a lo que ya recibían algunos ayuntamientos vía las haciendas locales».
Reparto de fondos
Según la titular de transporte, «a pesar de las dificultades impuestas por la redacción de la enmienda y de los límites de las cantidades realmente disponibles, todas las partes implicadas en la ATMV han trabajado para acordar un reparto de fondos que represente los intereses de todos los usuarios del área metropolitana como son transporte urbano de autobuses, transporte interurbano e integración tarifaria».
«Este reparto de fondos se ha hecho teniendo en cuenta dos aspectos básicos a considerar en la oferta del servicio y en su adecuado dimensionamiento: el número de viajeros como indicador de la demanda real del servicio de cada modo y las plazas-kilómetro, representando las capacidad y los kilómetros recorridos, como indicador de la oferta proporcionada a los usuarios por cada uno de los modos», puntualizó.
