El Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana refrendó ayer la plena vigencia de las prejubilaciones de la Empresa Municipal de Transporte, pactadas en 2001 por el comité de empresa y el gobierno municipal del Partido Popular. El laudo arbitral así lo dictamina y aunque reconoce que la jornada de 65 días tendría que haber quedado suspendida en 2012 por las normas presupuestarias, una nueva disposición de los PGE aprobada el pasado mes de julio da luz verde a aquellas prejubilaciones. Sin embargo, será ahora el Ayuntamiento de València quien deberá autorizarlas, pues en la última etapa del PP no se cumplían las condiciones legales para ello aunque siguieron aplicándose, recordaban ayer desde el equipo de Grezzi.
Los árbitros del Tribunal de Arbitraje dan así la razón al comité de empresa sobre un tema en el que mantienen fuertes discrepancias con la actual gerencia y solo un día después de que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi hiciera público que la Agencia Antifraude había detectado con el PP al frente de la EMT cuatro delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental. Una denuncia que iba a elevar a Fiscalía.
Como se recordará, la EMT había remitido a la Agencia Valenciana Antifraude que las prejubilaciones eran una práctica supuestamente «irregular» llevada a cabo por la compañía municipal desde 2001. Según Grezzi, y el gerente de la EMT, Josep Enric Garcia, había trabajadores que se acogían a una reducción de jornada del 15% pero acudían a trabajar 65 días en lugar de los 132 que les correspondían.
Alberto Mendoza (PP) se aprestaba ayer a enfatizar que el dictamen del TAL «pone en evidencia que el acuerdo alcanzado entre la dirección de la empresa y los trabajadores cumplía con la legalidad vigente». Mendoza considera «vergonzosa y partidista» la acción conjunta de Grezzi, y el responsable de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, de llevar a la fiscalía un acuerdo laboral que, desde que fue aprobado en el año 2001, ha sido prorrogado sucesivamente e incluso firmado por el propio alcalde Joan Ribó.
Acciones legales contra Fiscalía
Acciones legales contra FiscalíaEl sindicato CGT en la EMT coincidía con Mendoza al apuntar a «irregularidades» en el informe que Antifraude ha trasladado a la Fiscalía Provincial por el acuerdo sobre jubilaciones parciales en 2013. Anunciaba, además, que ha decidido iniciar acciones legales contra este organismo. Según el sindicato, el 22 de junio se personó ante la Agencia Valenciana Antifraude «como parte interesada para comunicar y entregar el cuerpo de la demanda y aportar documentación a modo de prueba con el fin de solicitar la paralización del informe mientras no se resolviese la demanda». Se aportaban, según CGT, documentos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) «que demuestran la validez y vigencia de los acuerdos de jubilación parcial». En esta línea, subraya que ese informe de Antifraude, del que tuvo conocimiento este mismo jueves, «no recoge gran parte de la documentación y pruebas presentadas por el sindicato».
CGT señala que el propio informe pone de manifiesto que la empresa inició el proceso de denuncia ante Antifraude el 27 de diciembre de 2017, cuando la negociación del convenio colectivo estaba «en pleno desarrollo y en concreto estaba encima de la mesa negociadora la jubilación parcial», precisa, para acusar a la EMT de «en un acto de mala fe» al «ocultar» a la mesa negociadora su decisión de denunciar ante Antifraude los acuerdos de jubilación parcial vigentes hasta la fecha.CGT está estudiando «la posible petición de nulidad del convenio colectivo ante la autoridad competente», porque de haber constancia de esa denuncia no hubiera accedido a firmarlo.
