Los distintos estamentos judiciales de València han desestimado ya una docena de demandas de las más de quince presentadas contra ediles del Govern de la Nau por el asesor del Grupo Municipal Popular Luis Salom, que para compensar la oposición de «perfil bajo» que viene practicando su grupo ha optado, unilateralmente o no, por judicializar la vida política de la ciudad y llevar a sus dirigentes ante el juez aunque solo sea por el impacto mediático negativo que eso conlleva.
La última demanda archivada hacía mención al fraccionamiento en los contratos de los carteles de Fallas y el acusado era Pere Fuset, responsable de la Concejalía de Fiestas.
Pero antes han pasado por esta misma situación los concejales Carlos Galiana, Sandra Gómez, Maite Girau, María Oliver y hasta el mismo alcalde, Joan Ribó, que tuvo que hacer el «paseíllo» ante la Ciudad de la Justicia por supuestas irregularidades en la entrega de documentación y que inmediatamente fue «absuelto» como el resto de compañeros.
En realidad, el mandato 2015-2019 en el Ayuntamiento de València se ha caracterizado por el cambio político tras 24 años consecutivos del PP y también por la práctica desaparición del principal grupo de la oposición, que ahora es precisamente el popular.
La imputación de nueve de sus diez concejales en la operación Taula (se les acusa de un posible delito de blanqueo de capitales) y su negativa a dimitir, obligó a la presidenta regional, Isabel Bonig, a pedirles «un perfil bajo» en su labor de oposición, capitaneada por el único edil no imputado, su actual portavoz, Eusebio Monzó.
Pero para «compensar» esa laguna, desde el grupo municipal uno de sus asesores, también investigado en el caso Taula -en total, son alrededor de 50 personas-, ha decidido hacer oposición en los juzgados, judicializando de manera constante y sistemática la labor municipal y acusando directamente a concejales y al propio alcalde de cualquier supuesta irregularidad que pueda «equipararles con la corrupción» que asola al Partido Popular, como se han encargado de reprocharle públicamente desde el Govern de la Nau.
Ese asesor es Luis Salom y en su haber ya tiene alrededor de 15 demandas contra concejales del equipo de Gobierno municipal, algunas presentadas en varios estamentos judiciales y administrativos -Juzgado, Fiscalía, Síndic de Greuges, Anticorrupción, Defensor del Pueblo etc.- para tratar de conseguir el mayor impacto mediático posible.
De hecho, estas denuncias han permitido que al menos cinco concejales y el propio alcalde hayan tenido que declarar ante el juez, casi siempre por supuesto fraude en los contratos menores o de mantenimiento, pero también por retrasos en la entrega de documentación o declaraciones públicas.
Pero ahí se ha quedado todo, en denuncia, porque hasta el momento, todas esas demandas han sido directamente archivadas o sobreseídas tras las primeras diligencias. A la espera de ver lo que sucede con las que todavía están pendientes, hasta ahora no se ha encontrado tacha en la labor municipal. Otra cosa es el impacto mediático antes referido y ese otro impacto que no se ve y que afecta a los propio servicios municipales.
Impacto en las tramitaciones
Y es que intencionadamente o no, esta sucesión de demandas y la judicialización de la labor de oposición no solo atenaza a los concejales que legítimamente han sido elegidos para el cargo, sino que ralentiza los procesos administrativos, que, por cierto, son uno de los problemas más evidentes con los que se está encontrando el Govern de la Nau.
El temor a una demanda, por poco recorrido que tenga, obliga al delegado y a los propios técnicos a revisar toda la documentación varias veces y a pedir informes técnicos y jurídicos que demoran la resolución de miles de expedientes.
El equipo de Gobierno ya dijo tras su llegada al poder que el rigor jurídico y administrativo de la gestión municipal serían una de sus banderas en esta legislatura, pero esta especie de «espada de Damocles» ha disparado ese rigor «por encima de lo que indica el sentido común», según han confesado los propios técnicos municipales.
En conclusión, la judicialización de la política municipal por parte de Luis Salom, a falta de que se resuelvan demandas aún pendientes, no ha conseguido otra cosa que poner a media docena de ediles ante el juez gratuitamente y «sin justificación» alguna, según los jueces. Lo único que está consiguiendo es dificultar la acción del equipo de Gobierno, según han lamentado,por su parte, los técnicos municipales.
