El parque público de vivienda del Ayuntamiento de València está formado por 600 inmuebles que gestiona Aumsa (469 en régimen de alquiler y 112 en régimen de alquiler con opción a compra); 100 viviendas que gestiona Bienestar Social y 3 que pertenecen al servicio de innovación.

Además, el servicio de patrimonio gestiona 120 casas (que están en proceso de rehabilitación) y 200 inmuebles que forman parte de las expropiaciones que llevó a cabo el PP en el Cabanyal y que están en proceso de reorganización y rehabilitación para ponerlas a disposición del servicio de alquiler social.

Así lo aseguran fuentes de la Concejalía de Vivienda que dirige María Oliver y que se contabiliza sin tener en cuenta la participación del ayuntamiento en el Plan Cabanyal.

La falta de viviendas sociales en la ciudad es una realidad. No hay pisos disponibles. Así se lo aseguraron a la familia de Érika, que tiene una orden de desahucio paralizada por la presencia de 3 menores en la casa hasta que el ayuntamiento les conceda una vivienda social que no está. Pero sí se espera.

Así lo aseguraron ayer las mismas fuentes tras recalcar una proyección de ampliación del parque municipal de vivienda para los próximos 3 años que supone una inversión global de 31,1 millones de euros para sumar 217 viviendas más.

«El Plan 2018-2021 de Aumsa consiste en destinar 26,6 millones para adquirir 177 viviendas (en Ciutat Vella y Moreras) que se destinarán al alquiler. Además, el Plan Cabanyal 2019 refleja la incorporación de 40 nuevas viviendas para alquiler social con 4,5 millones de inversión», explican las mismas fuentes.

Respecto a las ayudas de emergencia para el alquiler, desde la concejalía de Viviendas aseguran que «generan anualmente en torno a 1.500 viviendas de alquiler asequible a través de una subvención del 40 % de la renta anual del alquiler. Cuando termine la legislatura se habrán invertido 5 millones de euros».

Nueva gestión

Pero el plan de vivienda no solo se centra en comprar y rehabilitar pisos. La gestión también mejorará. Y es que entre los objetivos del plan municipal se encuentra «crear procedimientos integrados de atención a la demanda, adjudicación y gestión de recursos habitacionales; crear un registro de demandantes único (que se coordinará con el de la Generalitat, fusionará los registros existentes, recogerá los intereses de cada hogar con claridad, es decir, vivienda social, vivienda vacía movilizada, vivienda de protección en alquiler o venta, alojamiento dotacional...) y aglutinará a todas las personas con necesidad de alojamiento, entre otras medidas; así como la creación de otro registro de oferta común municipal que aglutine todas las viviendas.