Ya son siete las noches que llevan durmiendo en la calle, a las puertas del Centro de Atención al Inmigrante (CAI). Lo hacen así porque «las colas que se montan para acceder a una plaza son enormes» (al menos de una veintena de personas) y quieren asegurarse un sitio donde dormir. También porque estos tres jóvenes (de 23, 27 y 25 años) no tienen una alternativa mejor para pasar la noche. Son solicitantes de asilo y, si todo sigue según lo previsto, les espera una semana más al raso.
Cada día siguen el mismo procedimiento; se levantan a las ocho de la mañana (cuando el CAI abre las puertas), piden cita con la trabajadora social y relatan el motivo de huida de su país de origen. Salif (nombre falso para preservar su intimidad) llegó a España hace ya cuatro meses huyendo de Mali perseguido por el Gobierno. Formaba parte del partido de la oposición (Union pour la République et la Démocratie) y el Estado lo quería entre rejas. «Allí las cosas no son como aquí», explica Salif, «no tuve más remedio que salir corriendo» (igual que lo hizo su hermano, quien sí obtuvo el estatus de refugiado en Francia). Con los ahorros que consiguió reunir se subió a un avión dirección Marruecos. Allí se embarcó en una patera por 2.500 euros con los que creía conseguir «su libertad». Lo que no se esperaba era tener que pelear cada día por un sitio donde dormir.
Hace seis días llegó a València después de tres meses atendido por una ONG en Alicante. El plazo de acogida se acabó y Salif decidió viajar a València en busca de una alternativa. Pero ayer ya le advirtieron que no hacía falta que volviese al CAI ni hoy ni mañana; «no iban a tener plaza para él».
«Entre otras cosas», indica Ana Isabel Martínez, presidenta de València és Refugi (ONG que atiende durante las mañanas a estos solicitantes de asilo y que ha presentado una queja ante el ayuntamiento), «porque dicen que ellos ya están bajo nuestra tutela y, por tanto, no son prioridad porque ya tienen donde dormir». La entidad, sin embargo, cuenta únicamente con tres plazas en su piso de acogida (ya ocupadas), por lo que solo pueden atender a estos jóvenes por la mañana. «La noche la pasan en la calle», reconoce Martínez. De hecho, Adib (nombre falso), hace una foto diaria durmiendo a las puertas del CAI que de fe de su situación.
Desde la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración que dirige Neus Fábregas reconocen que el sistema está fallando y no está respondiendo a la realidad: «Estamos totalmente saturados porque otras administraciones no están haciendo lo que les correspondería hacer». Y es que, tal como indica Felipe Perales, presidente del Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Mislata, «todo lo que es protección internacional depende exclusivamente del Estado». El CAI, por tanto, solo debería atender «a las personas recién llegadas por costa». Pero, inciden, «a día de hoy esto no se está dando así».
Todos desbordados
Debido al colapso (Perales asegura que el año pasado se registraron en la C. Valenciana 1.200 peticiones, frente a las 6.000 actuales), la mayoría de los solicitantes de asilo «no están entrando en el programa de acogida». De hecho, tardan una media de cuatro meses en resolver la petición. Durante ese tiempo, explica Perales, los solicitantes están expuestos a la desprotección y a vivir en la calle, a no ser que el ayuntamiento consiga llegar a un acuerdo con alguna entidad humanitaria dentro de la Red Nacional de Protección (CAR, Cruz Roja, CEAR, Accem, Cepaim, MPDL y València Acull) que les permita acceder a una plaza. Un hecho que no se está produciendo, dada la sobreocupación de sus centros.
El CAI, por tanto, ha tenido que cambiar su perfil de atención: «hemos creado un índice de vulnerabilidad independientemente de su condición administrativa». Es por ello que, indican, «una familia , una mujer sola, embarazada o con un menor a su cargo siempre serán prioritarios antes que un hombre solo», sea solicitante de asilo o no.
Ante tal maraña administrativa, Salif, Adib y Youssef (nombres falsos), solo pueden sentir «tristeza, enfado y cansancio»..
