El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificaciones de València negocia con el Ayuntamiento de la capital un convenio para que los profesionales de la institución elaboren los informes técnicos de las licencias y así se agilicen los permisos, uno de los problemas más graves con los que se ha encontrado el consistorio en la presente legislatura. La institución colegio ya le habría emitido un borrador del convenio y «trabaja desde hace meses junto al ayuntamiento» para encontrar la fórmula definitiva.
Hace apenas tres meses, el presidente de la Federación de Empresas Promotoras y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana, Antonio Olmedo, puso cifras a lo que viene siendo una constante este legislatura. En la comunidad hay 10.000 viviendas paralizadas a la espera de licencia y sólo en la capital se calcula que hay 3.000. «Eso es una barbaridad», dijo, que ralentiza el repunte de la construcción y el progreso económico general. Se calcula que este bloqueo de licencias impide la creación de 30.000 puestos de trabajo directos.
Para resolver esta situación, el Ayuntamiento de València ha reforzado el servicio de licencias en todas sus vertientes y ha tomado medidas para priorizar los proyectos más señeros, pero a día de hoy sigue habiendo atasco en las viviendas y en las pequeñas reformas, pues el permiso para hacer una fachada puede demorarse hasta un año.
Lo que plantea el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificaciones de València, pues, es un paso más en la agilización de los procesos y lo hace aprovechando la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), que respalda la colaboración del colegio profesional con el ayuntamiento «para agilizar la concesión de licencias de obra y actividades».
Hacer los informes
Concretamente, la disposición adicional novena establece que «los ayuntamientos podrán ejercer las funciones en materia urbanística a que se refiere este precepto a través de entidades colaboradoras de la administración, o de los distintos colegios profesionales en relación a las competencias específicas que sus colegiados ostenten, de acuerdo con la Ley 38/1999, de ordenación de la edificación».
Así pues, el pasado otoño ya presentó «un borrador de convenio de colaboración y trabaja desde hace meses junto al ayuntamiento» para que el colegio se ocupe de «la verificación técnica y documental de la documentación requerida», una opción que contempla la Lotup y que agilizaría mucho los trámites.
