El Govern de la Nau fió ayer la condonación de los 375 millones de euros de deuda de la Marina de València a la vía del decreto ley, después de que el Congreso tumbase el miércoles los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, donde se había incluido el compromiso. El alcalde, Joan Ribó, recordó en relación a la deuda de la Marina y al soterramiento de las vías del Parc Central que «gane quien gane» hay «unos preacuerdos que pesarán mucho en el nuevo Gobierno». «Habrá que volver a insistir», admitió el alcalde, quien apuntó que la falta de acuerdo para sacar adelante las cuentas estatales afecta negativamente a la ciudad, aunque confió en no tener que volver a empezar de cero.
El concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, por su parte, instó ayer a aprobar cuanto antes el decreto ley de condonación de la deuda, el «plan B» anunciado por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, en la reunión del Consejo Rector del Consorcio València 2007 del pasado 17 diciembre por si fallaba la vía del presupuesto. Aunque para Vilar la condonación de la deuda no peligra y un gobierno en funciones puede seguir tomando decisiones, el socialista abogó por aprobar el decreto y zanjar la deuda antes de la disolución de las Cortes, que se produciría, si se convocan de elecciones en abril, a finales de este mes.
Los responsables del Consorcio València 2007 tampoco daban ayer la batalla de la condonación de la deuda por perdida y ya trabajan en la activación del decreto ley.
Ayudas al transporte
Otra de las inversiones que han quedado en el aire tras el fiasco de los presupuestos estatales son las ayudas al transporte, entre 10 y 38 millones de euros, que se anunciaron este año y que ahora no están claras. Además de los diez millones incluidos para el transporte metropolitano, el PSPV de València recordó ayer que tenía un acuerdo con el Gobierno para incrementar la inversión en la fase de enmiendas hasta los 38 millones de euros.
La previsible convocatoria de elecciones generales ha obligado al tripartito a acelerar algunas decisiones. Hoy está previsto que la junta local solicite al Gobierno permiso para aplicar con carácter excepcional, y una vez liberados del corsé del plan de ajuste, parte del remanente de tesorería, en concreto 13,2 milllones de euros, para pagar el aumento de sueldo de los funcionarios (7 millones de euros) y las jubilaciones de los policías locales (6,2 millones de euros), dos medidas que se derivan de decretos leyes aprobados por el Gobierno socialista que el tripartito quiere dejar cerradas cuanto antes.
De no poder aplicar el uso de los remanentes al aumento del gasto de personal, Vilar explicó que el ayuntamiento tiene capacidad para asumir este gasto a través del fondo de contingencia y de los ahorros financieros.
Y es que la situación económica del consistorio, dijo Vilar, está saneada. El concejal de Hacienda facilitó ayer los datos de la liquidación del presupuesto de 2018 que sitúan la deuda municipal en 446 millones de euros, frente a los 785 millones de euros que el Govern de la Nau se encontró hace cuatro años. Vilar aseguró que la deuda bajará hasta los 430 millones antes de que acabe la legislatura.
