La Autoridad Portuaria de València y el Consorcio València 2007 se sentarán a la vuelta del verano a negociar los conceptos y cantidades que el segundo debe al primero por las obras de reposición realizadas en la Marina de València a raíz de la celebración del Copa del América. La negociación llega tras meses de tiras y afloja y acusaciones de «okupas» del presidente de la APV, Aurelio Martínez, a los responsables de la Marina de València.
El principio de «entente» llega después de que la Abogacía del Estado, cuyo arbitraje han reconocido las partes, emitiese un laudo en el que determina que «el Consorcio está obligado a satisfacer a la Autoridad Portuaria de València el coste de reposición de servicios derivado de la ejecución de determinadas infraestructuras con el objeto de poder proveer por la APV la disponibilidad de determinados bienes y superficies a favor del Consorcio».
Según publicó Expansión y han confirmado a este diario fuentes del Consorcio, el informe de la Abogacía reconoce la existencia de los derechos de cobro por parte del puerto, si bien no fija cuantías por lo que ambas partes deberán llegar a un acuerdo sobre los importes «tomando como base el importe que traslada el puerto», esto es 23 millones de euros. En todo caso, y una vez haya acuerdo sobre las cantidades, para lo cual el Consorcio baraja recurrir a un peritaje externo, los responsables del Consorcio insisten en que «los costes de reposición forman parte de la inversión para la Copa del América» y, por tanto, «se debería separar su abono de la gestión operativa del Consorcio e incluirlo en la solución global de la deuda».
La deuda que el puerto reclama al Consorcio entre obras (23 millones) y tasas (18 millones) supera los entre ambos conceptos a 41 millones y supone un agujero negro para el Consorcio. Está previsto que las partes en litigio (APV y el Consorcio) se sienten a negociar en septiembre.
El Consorcio tiene previsto encargar un peritaje externo para demostrar que las cuantías que reclama el puerto no están justificadas. Los actuales responsables del Consorcio no descartan acudir a la vía judicial si no hay acuerdo con las deudas que reclama el puerto.
El Puerto, que cedió la dársena de manera gratuita a la ciudad, pero no así al Consorcio, le reclama el pago de las obras realizadas con motivo de la Copa del América como las tasas por los servicios que presta al Consorcio.
La tensión entre la APV y el Consorcio, cuyos responsables han impulsado una revisión de la ley de Puertos para dar mayor protagonismo y poder de decisión a las ciudades, no augura un acuerdo fácil.
El informe del puerto que ha tumbado recientemente la licitación para la creación de un recinto de conciertos permanente para los meses de verano junto al canal, en los terrenos del futuro varadero industrial, es una prueba de la tensión y falta de comunicación entre ambos organismos. El puerto, según ha sabido este diario, rechazó este contrato por entender que modificaba el plan de usos portuarios al incluir una zona de conciertos «permanente» en un espacio donde solo se permiten usos asociados a la náutica.
Okupas y contratos bloqueados
El Consorcio reprocha la actitud del puerto por tumbar un contrato que hubiera supuesto un ahorro económico en el montaje de la zona de conciertos (que ahora tendrá que montarse para cada festival) sin reparar en que el concepto permanente del pliego se refería a los meses de verano sin pretender un cambio de usos definitivo. Los actores de la negociación de la deuda del puerto y el consorcio podrían incluso cambiar en los próximos meses. El cargo de presidente de la APV tendrá que renovarse, previsiblemente, en julio, mientras que el nuevo alcalde tendrá que ratificar o no, una vez tomada posesión del cargo, al director general del Consorcio, Vicent Llorens.
La deuda con el puerto será, tras ratificar el Gobierno de Pedro Sánchez, que condonará la deuda de más de 400 millones contraída por la ciudad con el ICO para la celebración de la Copa del América, precisamente cuando el actual presidente de la APV era presidente del citado Instituto de Crédito Estatal (ICO), es ahora uno de los principales quebraderos de cabeza para los responsables de la gestión de la Marina, que por primera vez en años empieza a arrojar cifras de negocio positivas.
