El alcalde de València, Joan Ribó, dijo por activa y por pasiva durante la campaña que su segundo mandato en materia de movilidad iba a ser el del transporte público, por la necesidad de mejorar las frecuencias y el servicio a la ciudadanía, con una profunda remodelación de la red de líneas. En su primera etapa han conseguido una reducción sostenida de la intensidad media diaria de vehículos privados en circulación en la ciudad (17 meses consecutivos de leves descensos) y también es más que evidente su política por los modos sostenibles, liderados por el impulso de la bicicleta y el patinete como medio diario de desplazamiento. El importante crecimiento de la red ciclista está acompañando esta apuesta.
Pero como en tantas otras ocasiones, el alcalde también recordó que el gran problema de la ciudad está en el área metropolitana. València trata de hacer bien los deberes en su término municipal, pero en políticas metropolitanas el avance es lento. Cierto es que se partía prácticamente de cero, tras desmantelar el PP todo atisbo de coordinación entre los pueblos que rodean y se relacionan con la ciudad. Pero tras cuatro años de mucho «papeleo», como la creación de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), la segunda etapa del gobierno progresista en la Generalitat debe poner en marcha instrumentos que mejoren la vida de quienes viven allende el «cap i casal».
Como recordó ayer el concejal Giuseppe Grezzi en Levante TV, a la ciudad de València cada día acceden 200.000 vehículos y otros tantos se desplazan hacia los polígonos industriales de los pueblos colindantes. Este gran movimiento motorizado es el que provoca el colapso de las entradas y salidas de la ciudad, accidentes y polución. Grezzi, que en el pasado mandato fue el titular de movilidad en València y aspira a mantener la responsabilidad, enumeró las cuestiones que considera esenciales para mejorar esa conexión metropolitana.
Considera que para València es esencial la construcción de seis aparcamientos disuasorios en los límites de la ciudad, tal y como contempla el Plan Básico de Movilidad Metropolitana, aprobado en las postrimerías del pasado mandato. Estos estacionamiento, conectados con la red de metro y bus, permitirían a muchos valencianos dejar sus coches en la periferia y acceder al 'cap i casal' con el transporte colectivo.
De igual manera, otra de las peticiones es la puesta en marcha de un proyecto piloto de carriles VAO, es decir, carriles reservados a vehículos con dos o más ocupantes y el transporte público. Grezzi recuerda que todas las áreas metropolitanas de las grandes ciudades cuentan con este tipo de infraestructuras que fomentan los desplazamientos más racionales y sostenibles. El objetivo es que las cuatro entradas de la ciudad cuenten con un carril de alta ocupación vigilado por cámaras para velar por su correcto funcionamiento.
València pide 52 millones
Otra de las peticiones es que durante este mandato se ponga en marcha el nuevo mapa concesional del autobús interurbano. Hay que recordar que la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad redactó el pliego de condiciones de las nuevas concesiones durante el pasado mandato y ha iniciado la licitación de algunas de ellas, pero ninguna está aún en funcionamiento. En el futuro esta red debe complementar a EMT València e integrarse en sus tarifas.
Precisamente el último aspecto en el orden de prioridades de la ciudad de València es la integración tarifaria de todos los transportes públicos, incluido el servicio de Rodalies de Renfe. Ya han comenzado los trabajos previos, pero en el horizonte del mandato no es una acción que parezca que se vaya a concretar con rapidez, dada la complejidad técnica. El billete único aún tardará.
Y lo más importante, para alcanzar la integración tarifaria y desarrollar la estrategia metropolitana València necesita mejorar su financiación. En este sentido, el alcalde Joan Ribó ya ha manifestado que exigirá al Estado 52 millones para la ciudad y no los 38 de los que se habló en la pasada legislatura y que nunca se llegaron a conceder. Tan solo se aprobó una aportación de 10 millones que en realidad fueron un incremento de 3,6 millones, pues a cambio València perdió otras contraprestaciones del Estado que recibía.
