El juzgado de València que instruye la denuncia de una comunidad de propietarios por el traslado del lavadero afectado por el Parque Central a la avenida Ausias March investiga la relación del comercio con agentes de la Policía local.
Según consta en la documentación incluida en la causa, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los inspectores del Ayuntamiento de València que visitaron el lavadero para certificar las irregularidades plasmaron en su informe que, en el momento de la visita, el comercio estaba abierto, «atendiendo en el momento de la inspección a varios vehículos, entre ellos un coche de la Policía local».
Al parecer, esta circunstancia resultó extraña para los inspectores municipales, que «procedieron a fotografiar el vehículo policial» y fue reflejado en su informe.
La documentación que aportó el establecimiento «en ningún caso autorizaba la ejecución de las obras realizadas, ni las que aún se estaban realizando en el momento de la inspección, y menos aún permite la apertura de la actividad calificada al público», han trasladado los afectados al juzgado.
Los vecinos, tras recibir el informe de inspección a finales del mes de marzo de 2018, «decidieron no volver a llamar a la Policía local, por lo raro que resulta, que los mismos vehículos de la Policía local que acuden a los requerimientos vecinales -por las obras y apertura ilegal actividad-, posteriormente se encontraran estacionados en el interior de los locales en donde se desarrolla la actividad, sin entrar a la valorar las posibles relaciones personales que pudieran existir».
Tal como publicó ayer este periódico, el juzgado de Instrucción 2 de València investiga al ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación por omisión a raíz del desalojo y traslado del lavadero y taller de coches que estaba ubicado en la plaza Manuel Sanchis Guarner, junto a la Pantera Rosa, por las obras del Parque Central. Las diligencias parten de una denuncia presentada por la comunidades de propietarios donde se ha instalado finalmente esta empresa, en el número 48 de Ausias March. Estas obras de reforma consistieron en la unión de dos plantas bajas a una nave industrial con la que el edificio linda en su parte trasera.
La inspección certificó que estas obras eran ilegales porque no se habían concedido los permisos pertinentes, pero ni la Policía local ni el ayuntamiento han atendido las reclamaciones. Por ello, los vecinos han trasladado a la jueza que «mis representados se preguntan cómo es posible que la Policía local permitiera a los responsables de la actividad, la ejecución de una serie de obras sin licencia y que afectan a la vía pública», como sería «el desplazamiento de una farola del alumbrado público, la reducción en varios metros del espacio de la parada del autobús público y el rebaje de bordillos».
La comunidad de propietarios ha comunicado a la jueza que «los responsables de la actividad han sido convenientemente denunciadas por esta parte ante el ayuntamiento de València», pero afirman que «hace caso omiso a las denuncias presentadas, incluso llega a omitir los hechos denunciados a la hora de la concesión de la licencia vado vehículos en los bajos del edificio».
La Fiscalía se ha sumado al procedimiento y ha solicitado al juzgado que requiera al ayuntamiento el expediente para que aclare «las razones por las que no se procedió al cierre».
