La jefa de Gestión de la EMT, María Rayón, que se encontraba de baja durante la estafa de 4 millones y era una de las dos personas que tenía firma mancomunada para autorizar transferencias bancarias, mantuvo el poder de firma de operaciones pese a que no se encontraba trabajando por baja maternal. Así lo reconoció ayer el concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, durante la sesión plenaria dedicada en exclusiva al fraude en la Empresa Municipal de Transportes.
Grezzi, aclaró no obstante, que María Rayón mantuvo el poder de autorizar de operaciones bancarias porque su firma mancomunada está vinculada a su DNI (solo ella y el gerente pueden dar luz verde, a la vez, de una transferencia monetaria). Asimismo, aseguró que Rayón mantenía esta función esencial por petición propia, pero que en cambio delegó el resto de funciones y que, por ejemplo, no consultaba su correo electrónico corporativo. Este detalle es crucial, ya que la jefa de Gestión fue contactada por Caixabank el 17 de septiembre vía mail al detectar que faltaban algunos documentos clave en las transferencias que venía realizando desde el 3 de ese mes (y se prolongaron hasta el 26) a la organización criminal que sacó de las arcas de la EMT 4 millones de euros.
Aunque según la EMT, Rayón nunca estuvo enterada de las transferencias fraudulentas durante el periodo del engaño al estar de baja y no consultar el mail, la trabajadora habría incurrido, según la oposición, en una clara vulneración de los derechos laborales. Tanto PP como Ciudadanos anunciaron ayer que acudirán a la Inspección de Trabajo para denunciar los hechos, mientras el PSPV, a través del concejal de Hacienda y portavoz accidental ayer (por la ausencia de Sandra Gómez) aseguró que lo comunicará a los inspectores «de manera verbal».
Otra de las cuestiones desveladas ayer en el Pleno por la portavoz del PP, María José Català, es que el Caixabank tenía una cláusula en su contrato con la EMT en la que podía realizar transferencias sin necesidad de tener la firma mancomunada del gerente, Josep Enric Garcia Alemany, y al jefa de Gestión, María Rayón. Sin embargo, desde la EMT admitieron esta excepción, pero «únicamente aplicable a transferencias recurrentes», por ejemplo, las realizadas mensualmente a la Seguridad Social, «o cualquier otra operación que se establezca, vía acuerdo previo entre la entidad y el director gerente, que no es el caso». «De cualquier forma, en modo alguno pueden referirse a este tipo de transferencias que deben tener medidas reforzadas de diligencia debida al ser dirigidas a una cuenta en China», explicaron.
La tesis de la EMT es que Caixabank también tuvo «mala praxis» en la operación fraudulenta, ya que facilitó los pagos a pesar de que la jefa de Administración, Celia Zafra, que preparó estas transferencias (engañada por los estafadores), no tenía autorización para hacerlo. «La persona preparadora (Zafra) tenía la clave de acceso de consulta solo para preparar la transferencia, en ningún caso para ejecutarla. Se ve en la primera página del contrato: una persona es preparadora, otras dos diferentes son operativa (García Alemany y Rayón)».
La «mala praxis» fue el argumento que utilizó el alcalde Joan Ribó para justificar el fulminante despido de Zafra tras conocerse la estafa, pero sus socios del PSPV mostraron su disconformidad con esta decisión, ya que según Ramón Vilar se le debería «haber suspendido de empleo y sueldo» hasta que se aclarara lo sucedido.
Vilar también dijo que si Grezzi no acata la decisión de la comisión de investigación de que no esté presente en las declaraciones de los trabajadores de la EMT,apoyada por PSPV, PP, Cs y Vox, «es que no acepta una decisión democrática dentro de un órgano oficial. Será su responsabilidad», concluyó el edil socialista.
