La Generalitat Valenciana cederá al Ayuntamiento de València suelo escolar que no se va a utilizar en la próxima generación para la construcción, por ejemplo, de vivienda pública. Y además modificará la legislación para que las obras del Consell no necesiten licencia municipal y por tanto no se queden atascadas en farragosos procesos burocráticos. Ambas medidas fueron anunciadas ayer por el síndic socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, durante la presentación, junto a la vicealcaldesa de València Sandra Gómez, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, de los presupuestos de la Generalitat para la ciudad de València, que el próximo año subirán a 85,2 millones de euros.
Mata explicó que el Plan General de 1988 hacía unas previsiones escolares muy ambiciosas que luego no se han visto correspondidas con una alta natalidad, de manera que en la actualidad hay un buen número de solares en la capital que están grafiados como suelo educativo que «no se van a utilizar en los próximos veinte o treinta años». Y si el ayuntamiento quiere uno de estos solares tiene que pedirlo, autorizarlo la Generalitat y luego cambiar el Plan General.
Ahora, con la modificación anunciada por Mata, el Consell cederá directamente al consistorio los solares que no va a utilizar, ahorrando un trámite fundamental.
También de trámites va la segunda medida, consistente en cambiar la normativa para que la Generalitat no tenga que pedir licencia de obras para sus proyectos en la capital. El departamento de licencias es uno de los más atascados del ayuntamiento, así que saltarse ese paso supone agilizar mucho los proyectos, explicó el síndic socialista. A su juicio, los técnicos de la Generalitat ya garantizan en los proyectos las exigencias que pudiera tener el consistorio en este sentido. Y además «sería un balón de oxígeno» para los funcionarios municipales, que podrían dedicarse a otras licencias.
Manolo Mata hizo estos anuncios durante la presentación de los presupuestos del Consell para la ciudad de València, que han subido hasta los 85,2 millones de euros. Según explicó la vicealcaldesa Sandra Gómez, se trata de 20 millones más que el año pasado y el triple de lo que invertía el PP en su última etapa, que según dijo, eran 37 millones.
En total, la Generalitat invertirá en 78 proyectos para la capital, entre los cuales destaca la Línea 10 del metro, que une el centro de la ciudad con Natzaret y que se llevará 18 millones de euros; el itinerario ciclopeatonal de la CV-400, que conecta la capital con l'Horta Sud; la conexión, pasarela incluida, del tramo del Turia con la ciudad, con 4 millones; o el anillo verde metropolitano, que transcurre entre los 57 kilómetros que separan Moncada de Pinedo, con 2,7 millones.
También hay una importante partida sanitaria, empezando por los centros de salud de Malilla, Tres Forques y la calle Chile, así como dos proyectos en hospitales: el Hospital General, con 14,9 millones, y los 10 millones para diversos centros en la vieja Fe de Campanar.
En conclusión, la inversión por habitante es de 107 euros para 2020. «Queremos más, pero también hay que decir que en cuatro años se ha triplicado la inversión gracias a un gobierno progresista», dijo Gómez.
Es más, Mata aseguró que hay cuestiones que no se han incluido en estas cuentas, como por ejemplo la ampliación de horarios del metro o la moratoria de dos años en las expropiaciones rogadas, que han eliminado los «agobios» del ayuntamiento. Y Ramón Vilar resaltó el mérito de seguir creciendo en un momento complicado para el Consell por el problema de la financiación.
Buen panorama
En general, Mata aseguró que «el panorama económico de la ciudad es muy bueno» y se mostró especialmente satisfecho de la llegada del metro a Natzaret, un barrio que fue maltratado hace 30 años con la desaparición de la playa y que ha permanecido aislado todo este tiempo. «Si yo tuviera dinero invertiría en este barrio, porque el metro va a llegar a la puerta del mercado», dijo.
El aspecto negativo es que no hay presupuestos generales del estado, lo que deja en el aire la deuda de la Marina, las subvenciones a la movilidad o el reparto de la creciente recaudación de impuestos como el IVA.
