Por primera vez en la historia, la capital de la Comunitat Valenciana va a asumir -en breve- la competencia directa sobre la gestión catastral, lo que se traducirá en la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de València y la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda. Las ventajas que va a percibir el ciudadano serán en primer término las relacionadas con un mejor servicio y con mayor rapidez en cuanto a la tramitación de cuestiones como el cambio de titularidad en los inmuebles.
Además, las arcas del cap-i-casal también verán incrementadas sus ingresos en la medida en que los servicios municipales se encargarán de efectuar las denominadas revisiones catastrales. Es decir, se efectuarán inspecciones para comprobar que efectivamente los ciudadanos pagan por sus inmuebles en función de lo que tienen declarado y que no han realizado reformas u obras que han aumentado el valor catastral y no las han notificado. Con ello, se detectarán posibles reformas ilegales que serán regularizadas.
No hay que olvidar que la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es la segunda vía de ingresos más importante del Ayuntamiento de València. No en vano en el presupuesto de 2020 suma 230 millones de euros, que con toda seguridad se incrementarán por la actualización catastral, en próximos ejercicios y al materializarse esta cesión de competencias.
Hasta ahora, según indican fuentes del Govern del Rialto, València era la única gran ciudad de España que no tenía cedida esta competencia y era de las escasas capitales de provincia que carecía de ella. La principal ventaja para el vecino-propietario es que toda la información y todos los trámites se centralizarán en el consistorio. Levante-EMV ya publicó en septiembre que el Ayuntamiento de València iba a solicitar al Gobierno central una revisión del catastro de la ciudad, que no se ha actualizado desde hace 22 años (1997).
El objetivo era clarificar el documento base sobre el que se aplica IBI. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, aseguraba, no obstante, que esta revisión no tenía que suponer necesariamente un aumento de ese impuesto, ya que el consistorio tiene capacidad para controlar los recibos.
De hecho, hoy Vilar tiene una reunión con el gerente regional de València Gabriel Luis Vaquero, en la que presumiblemente se abordarán estas cuestiones. Además, el concejal de Hacienda aseguraba a este diario que en los próximos años, siempre dentro de este mandato que finaliza en 2023, pedirá al Gobierno central una actualización del catastro, lo que, en principio, podría suponer también un incremento de la carga impositiva.
Su idea no era subir los impuestos en la misma medida que suba el catastro, pues el ayuntamiento puede controlar ese asunto con el tipo que aplica en cada caso, pero creía imprescindible actualizar un documento base para el funcionamiento de la administración y de los impuestos municipales.
Con la cesión competencial, el control sobre el IBI seguirá en manos del Estado que fijará el incremento máximo y luego el Ayuntamiento de València podrá utilizar unos índices correctores como viene haciendo hasta ahora para compensar la medida y favorecer a sus vecinos dado que cualquier aumento de impuestos es antipopular.
Para el ejercicio de 2020 se ha aprobado una subida del 3% del IBI en València, dentro del aumento generalizado de tasas que ha decretado el Govern del Rialto para mantener la calidad de los servicios al ciudadano, como explicaron en el pleno correspondiente, el propio alcalde Joan Ribó o el edil Ramón Vilar. Sea como fuere, Barcelona y Madrid, entre otras grandes ciudades, tienen suscritos con la Dirección General del Catastro convenios para desarrollar esta gestión catastral.
En el caso de Barcelona, por ejemplo, se suscribió un convenio con la administración estatal por el que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se encarga de la tramitación y aprobación de los expedientes de alteraciones catastrales de orden jurídico (transmisiones de dominio); de alteraciones de orden físico y económico; y de las actuaciones de colaboración interadministrativa en materia de atención al público, notificación de valores e Inspección catastral entre otros. En esta línea, se desarrollará la colaboración entre la administración estatal y la valenciana.
Precedentes
La ponencia de valores del Catastro que está en vigor en Valencia es de 1997. Con esta base es sobre la que se calculan los recibos del IBI. Desde entonces la matrícula del IBI ha cambiado poco, aunque en 2014 se afrontó una actualización de los inmuebles a través del Gobierno central, que realizó diferentes inspecciones. Por su parte, el ex ministro Cristóbal Montoro aplicó subidas anuales a todos los que no hubiesen actualizado el catastro en los últimos 10 años.
