La paciencia tiene un límite y la del titular del juzgado de Instrucción 20 de València se agota. Un juez ha investigado en los últimos dos años con absoluta discreción presuntos pagos irregulares del Ayuntamiento de València al grupo Trasgos, la agencia de comunicación que organizó las campañas y actos electorales del PP que encabezaba la exalcaldesa, Rita Barberá. Los contratos bajo sospecha suman 2,2 millones de euros y afectan a nueve concejalías y fundaciones distintas.
Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el juez ha levantado recientemente el secreto de sumario de las actuaciones y las ha archivado provisionalmente a la espere de que la Policía Nacional complete las diligencias. ¿El objetivo? Evitar que la investigación prescriba y que no pueda seguir recabando indicios sobre estos hechos.
El juez recuerda en su escrito que desde el 26 de mayo de 2017 ha solicitado un rosario de diligencias a los agentes, que incluyen la incautación de material administrativo o de servidores donde se almacenan correos electrónicos de destacados exconcejales del PP.
Sin embargo, en estos dos años, la Policía no ha respondido a los requerimientos judiciales pese a que al comienzo de la investigación entregó un informe, de 164 páginas, en el que relata los métodos que habrían empleado distintos departamentos municipales para adjudicar contratos irregulares al grupo Trasgos.
Así, el pasado 6 de noviembre el juez dictó un auto en el que acuerda «el sobreseimiento provisional del presente proceso» hasta «la recepción del informe de la Udef, momento en el que se acordará lo procedente, librándose oficio recordatorio, bajo los apercibimiento legales correspondientes, acorde al excesivo tiempo y dilación en la emisión del mismo, pese a los múltiples requerimientos efectuados».
En este sentido, la resolución añade que, si la policía no responda de forma «urgente» a la orden del juez, podría «incurrir en un posible delito de desobediencia». La resolución ya es firme.
Pese a que la investigación afecta a diversos cargos públicos del PP municipal y está relacionada con la agencia que la Guardia Civil ha investigado en las diligencias derivadas de la Operación Taula, Anticorrupción desconocía los hechos que investiga este juzgado.
Estas diligencias parten de una denuncia que presentó el grupo municipal Compromís ante una comisaría de la Policía cuando estaba en la oposición. La Udef envió el atestado al juzgado de Instrucción 20 junto a un primer informe policial que constataba las sospechas.
El análisis policial señala presuntas irregularidades en los contratos adjudicados al grupo Trasgos por la Fundación Deportiva Municipal y las concejalías de Deportes, Sanidad, Innovación y Relaciones Internacionales. También han aparecido sospechas en contratos del área de Seguridad Ciudadana, Oficina de Publicidad, Progreso Humano y Cultura (Banda Municipal) y de Urbanismo, Calidad Urbana y Vivienda.
Según consta en el sumario, con 15 tomos de volumen, este grupo está integrado por las empresas Trasgos, Cuco, Construcciones Payá y Tannhäuser Producciones. «El reparto por entidad adjudicataria fue la siguiente: Trasgos 1.795.027,37 euros (81,11 %), Cuco 280.087,97 euros (12,65 %), Construcciones Payá 95.698,64 euros (4,32 %), y Tannhäuser 42.350 euros (0,086 %)», recoge el primer informe policial.
Para adjudicar directamente a estas empresas los contratos, las actuaciones judiciales recogen que se habrían manipulado los concursos -se presentaban tres ofertas de tres sociedades del grupo Trasgos-, así como fraccionar «servicios unitarios» para recurrir a la vía de contrato menor.
Además, «no hay constancia que haya existido procedimiento de contratación alguno, por parte de distintas entidades del Ayuntamiento de València, para la contratación de los servicios con ocasión de diferentes eventos como Feria Expojove en sus ediciones de 2002-03, 2009-10, y 2010-11; edición de libro 2007; Capitalidad Europea del Deporte Valencia 2011; Premios del Deporte 2009; así como otros de los que se desconoce en estos momentos el objeto de los mismos».
En el sumario aparecen identificados distintos exconcejales del PP de València responsables de las contrataciones, entre los que destaca Alfonso Grau, exvicealcalde y responsable de las campañas electorales del PP municipal.
Grau es una pieza clave en la financiación irregular del PP en las campañas de 2007 y 2011 que se investiga en el caso Taula. La Guardia Civil entregó un informe al juzgado de Instrucción 18 con nuevos indicios que apuntaban a que Trasgos cobró de la caja B parte de la campaña mientras facturaba para Administraciones y contratistas del Ayuntamiento.
El juez de Taula no imputó a los administradores de Trasgos porque los delitos que les son atribuibles habían prescrito. No obstante, tras esta nueva investigación de un segundo juzgado, las dos causas podrían acabar conectadas, apuntaron fuentes judiciales.
