El Ayuntamiento de València ha conseguido el espaldarazo de la justicia para imponer una multa de 600 euros, la primera de un máximo de 10 que puede interponer, a una mercantil que alquilaba tres pisos en la plaza Miracle del Mocadoret, en el barrio de La Seu (Ciutat Vella) como viviendas turísticas. Los apartamentos eran incompatibles con el carácter residencial del resto del edificio, por lo que los vecinos presentaron numerosas denuncias por este motivo y por las molestias ocasionadas por los turistas que se alojaban. Sin embargo, la acción reparadora del Ayuntamiento de València tras las insistentes denuncias vecinales se ha producido 5 años después de que se iniciaran los trámites de sanción, lo que habla de la dificultad para llevar a cabo estos procesos mientras las empresas que no cumplen con la legalidad siguen explotando como apartamentos turísticos.

El calvario para los vecinos comenzó en el año 2015. Tras las primeras denuncias, el 29 de octubre de 2015 el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de València ordena el cierre de los apartamentos turísticos situados en los números 2, 3, 5 y 7 de la plaza del Miracle del Mocadoret al no contar con licencia de uso porque ésta era incompatible con el uso residencial del resto de viviendas del edificio.

La empresa recurre en octubre del mismo años pese a los informes desfavorables del servicio de licencias urbanísticas y una inspección municipal. En enero y febrero de 2016 continúan los escritos de denuncias de los vecinos por las molestias ocasionadas por los apartamentos, mientras que en mayo del mismo año, la Generalitat Valenciana informa que las viviendas usadas como apartamentos turísticos se han dado de baja del registro de Empresas Gestoras de Viviendas Turísticas de la Comunitat Valenciana.

Durante el mismo año, prosiguen las denuncias vecinales, que aportan además un informe de la Policía Local en el que se reflejan las diversas actuaciones realizadas por el cuerpo municipal por conflictos vecinales producidos por los turistas. También en septiembre se aporta una denuncia con reportaje fotográfico incluido.

En enero de 2017 la Inspección Municipal informa que dos de los pisos denunciados ahora se destinan a alquiler residencial de larga duración y los otros dos están vacíos, pero un vecino sostiene en una nueva denuncia en el mes de marzo que sigue el alquiler vacacional y además se publicita en internet. En mayo del mismo años la Generalitat vuelve a informar que tres de los pisos denunciados se han dado de alta en el registro de apartamentos turísticos, lo que todavía introduce más desasosiego a los vecinos.

Finalmente, tras varios recursos al consistorio, el 26 de julio de 2017 se impone una sanción de 600 euros a la empresa por tres de los pisos turísticos, la primera que logra imponer el consistorio, con la amenaza de continuar imponiendo sanciones de entre 600 y 3000 hasta un máximo de 10.

Pero la empresa recurre a la justicia porque considera que el Ayuntamiento de València no tiene legitimación para sancionar y que en todo caso las multas han caducado. Finalmente, el 11 de febrero de 2020 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de València emite sentencia firme y se desestima el recurso de la empresa.