Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de València aparcaron ayer sus diferencias para aprobar en el pleno y por unanimidad un paquete de 65 medidas económicas, sanitarias y de protección social frente al covirus, entre las que se incluyeron 20 propuestas de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox). Con medidas de higiene y seguridad excepcionales, presencia reducida (solo asistieron 13 de los 33 ediles y cuatro lo hicieron por videoconferencia), distancia de seguridad y también bastantes problemas técnicos en los sistemas telemáticos (acoplamiento, retorno, fallos de señal e interrupciones varias) el Ayuntamiento de Valencia celebró ayer el pleno ordinario del mes de marzo.
La sesión, menos prolongada de lo habitual, estuvo centrada casi exclusivamente en las medidas implementadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, entre ellas 4,7 millones de euros de ayudas de disposición inmediata para minimizar el impacto por pérdida de facturación en las pymes y comercios de la ciudad.
Para financiar las medidas, entre las que se incluyen la subvención del 62% de los monumentos falleros tras la suspensión de las fallas de 2020, se aprobaron por unanimidad tres modificaciones de crédito. El ayuntamiento ha dispuesto con carácter inmediato de 4,7 de los 18 millones de euros del fondo de contingencia de 2020 para costear las medidas frente al covid-19. Medidas económicas que los grupos de la oposición ven insuficientes para paliar los efectos devastadores que la crisis y el confinamiento tendrán en la ciudad.
El alcalde, Joan Ribó, de Compromís, desglosó algunas de las medidas que se han ido poniendo en marcha desde la declaración de la alarma como un plan de promoción de la ciudad para reactivar el destino turístico, la supresión de la tasa de mesas y sillas y la de mercados ambulantes, así como el aplazamiento del pago del IBI, del que pese a todo ya han empezado a llegar recibos a algunos vecinos de la ciudad.
La portavoz socialista y vicealcaldesa, Sandra Gómez, invocó a la unidad de todos frente al virus y a evitar utilizar la situación para «arañar unos cuantos votos».La portavoz del PP, María José Català, destacó que la «mano tendida» de su grupo ante la crisis «no es un cheque en blanco» y reclamó al alcalde que «dé un paso más» en las medidas fiscales y renuncie a la subida de impuestos y tasas aprobada para este año. Català aseguró que Ribó lleva 15 días de retraso en la adopción de medidas para afrontar la crisis y le recriminó que cuando otras autonomías empezaban a tomar medidas entre finales de febrero y primeros de marzo el alcalde «organizaba macropaellas para los mayores» y se iba a la opera, mientras todos le pedían que aplazase las fallas.
Unas críticas de las que se defendió Ribó recordando que el 28 de febrero la Comunidad Valenciana tenía más infectados que ninguna mientras que ahora ocupa el puesto 13. «Algo habremos hecho bien frente a otras que ahora están las primeras en infectados, pese a las medidas», destacó Ribó, quien abogó por «mantener la normalidad» y ser «rigurosos» pero «sin pasarnos». «Estamos haciendo las cosas mejor que otras comunidades», remachó.
El portavoz de Cs, Fernando Giner, lanzó un mensaje de unidad no exento de crítica y dijo que a Ribó «le ha pillado la crisis con el pie cambiado» recordando la falta de protección del personal que está en primera línea como policías y bomberos, que estos días «se han tenido que intercambiar los chalecos y les ha faltado gel desinfectante y guantes. Giner pidió a Ribó más planificación. Para Vox, ahora es el sector público el que debe tirar del carro hasta que pueda hacerlo el sector privado.
