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Las antiguas casitas de pescadores serán de propiedad de las familias

El Ayuntamiento inicia los trámites para regularizar sobre un centenar de propiedades del Cabanyal

Aproximadamente un centenar de inquilinos que viven en primera línea de la playa del Cabanyal podrán adquirir por fin las viviendas que han sido habitadas por sus familias desde hace más de cien años. El Ayuntamiento de València va a iniciar, a través de la empresa pública Pla Cabanyal, la venta de estos inmuebles a las personas que tenían, hasta ahora, «derecho de vuelo» sobre las edificaciones, pero que no «derecho de suelo».

Las casas de dos alturas fueron en sus inicios, hace más de un siglo, pequeñas construcciones para los pescadores. La propiedad era de la Demarcación de Costas, pero 1991 las cedió al consistorio del Cap i Casal. Desde entonces, los gobiernos del PP evitaron regularizar la situación por su plan para el barrio (que fue declarado como expolio por los tribunales), y fue en el pasado mandato cuando el gobierno progresista inició los trámites para solucionar esta demanda histórica de los inquilinos.

Las viviendas están ubicadas en las calles Eugenia Viñes, José Ballester Gozalvo y Astilleros y su tipología es la típica del Cabanyal, ya que de casitas de pescadores evolucionaron a edificaciones de dos alturas (planta baja y primero). «Por fin sus inquilinos van a poder regularizar sus propiedades», anunció esta mañana la vicealcaldesa Sandra Gómez. «En el PEC del Cabanyal hemos protegido estas construcciones y ahora podrá proseguir la regeneración de barrio, ya que por primera vez, cuando sean propietarios, podrán rehabilitar las casas», explicó.

Las casas de pescadores pertenecían al dominio marítimo-terrestre, pero el Estado las cedió en 1991 a València. «En época del PP se denegó que familias pudiesen regularizar sus propiedades. Muchas personas vivían con la amenaza de la demolición. Incluso a algunas familias se les pagó entre 10.000 y 15.000 euros para que se fueran de sus casas, pese a que el valor era muy superior», lamentó.

Sobre el precio de venta, la vicealcaldesa dijo que el consistorio ya hizo un cálculo en 2017 donde se fijaba un precio para las familias con escasos recursos de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y otro precio para familias sin problemas «pero asequible».

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