La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) presenta hoy un Recurso Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, del 13 de enero de 2020, de aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y Catálogo de Protecciones (PEP) de Ciutat Vella de València. AVAEC considera que dicho plan carece de un diagnóstico previo que justifique las fuertes medidas restrictivas previstas para el sector de la vivienda turística, que, en la práctica, impiden el alquiler turístico en Ciutat Vella, afectando gravemente los intereses de este sector.

Según esta asociación, las medidas previstas son desproporcionadas para cumplir los fines que el ayuntamiento dice querer proteger (recuperación del tejido residencial), además de resultar claramente discriminatorias y contradictorias frente a otras tipologías de alojamiento turístico. En este sentido, AVAEC llama la atención sobre la "amnistía general" que el PEP concede a determinados usos terciarios (locales de oficinas profesionales) -que ya venían operando mayoritariamente de forma clandestina, al resultar incompatibles dichos usos con los usos residenciales-, al dotarles ahora de legalidad sin exigirles el preceptivo cambio de uso, al que sí obliga a las viviendas de uso turístico (VUT). De este modo, el PEP permite y "legaliza" la implantación de dichos locales de oficinas en la misma planta que los usos residenciales y los no residenciales, algo que entra en clara contradicción con la finalidad que ha motivado las medidas restrictivas adoptadas con respecto a las VUT.

"La aplicación de las medidas contenidas en el PEP tendrá graves consecuencias sobre el empleo que las VUT generan, tanto de modo directo como indirecto, además de suponer la pérdida de una fuente de ingresos necesaria para muchas familias, que en un escenario de crisis, y cumpliendo con la legalidad vigente, decidieron realizar importantes inversiones para adecuar sus viviendas para estos fines", dicen.

Por otra parte, el PEP "atenta contra la libre competencia al abocar al cierre a la inmensa mayoría de VUT y perjudicará a los consumidores, ya que la restricción de la oferta provocará un incremento de los precios que hará de València un destino turístico menos competitivo con respecto a otros de la Comunitat Valenciana", precisa.

AVAEC respalda plenamente los argumentos del Informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, presentado el pasado mes de mayo, que considera que "la normativa del PEP de Ciutat Vella, en relación con las VUT no se ajusta a lo requerido por los principios de buena regulación que deben regir la actuación de la Administración". Este informe refiere que la opción regulatoria escogida por el PEP en relación con las VUT, que es la técnica urbanística denominada "zonificación", imponiéndose la acreditación de condiciones muy restrictivas para solicitar la compatibilidad urbanística de este uso, supone "una prohibición, cuasi absoluta, de las VUT" que no se encuentra debidamente justificada en atención a un objetivo de interés público "ya que las someras referencias contenidas en el Acuerdo a "la convivencia armónica y sostenible, desde el punto de vista social y ambiental, del uso residencial predominante y del uso turístico, accesorio, parcial, temporal de la vivienda habitual", no pueden considerarse suficientes. Y aunque se admitieran como tales, "la normativa aprobada, que, recordemos, incluye condiciones fuertemente restrictivas para solicitar la compatibilidad urbanística del uso VUT, no se ajusta al principio de proporcionalidad y distorsión mínima, ya que existen alternativas menos restrictivas de la competencia".

Según el anuario Oferta Turística Municipal y Comarcal de la Comunitat Valenciana 2019, la oferta de VUT asciende a 80.643, con un total de 399.659 plazas. En Valencia hay 5.771 VUT, con 27.276 plazas.