El Ayuntamiento de València prevé tener en funcionamiento, a inicios de 2021, un nuevo concepto del servicio de vivienda de carácter social: una oficina integral por la que los ciudadanos podrán ampliar la consultoría a la hora de resolver problemas relacionados con la residencia superando el actual concepto, el Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Empleo (Sipho), centrado hasta ahora en la salida forzosa por desahucio y en las alternativas que tenían los inquilinos para seguir disponiendo en un techo digno una vez se ven obligados judicialmente a abandonar los domicilios.
La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, considera esta nueva oficina como «un instrumento necesario para desarrollar el derecho a la vivienda y, sobre todo, más completa que cualquier otra». Se encuentra en proceso de trámite para la licitación, que espera esté resuelta «a finales de año» para ponerla en marcha «lo más rápidamente posible, aunque, obviamente, no va a haber vacío en el servicio» (la concesión del Sipho acaba también ahora). ¿Quienes formarán parte de este nuevo servicio? «Una serie de profesionales que ayudarán a este concepto ampliado de alternativas. Habrá profesionales del ámbito jurídico, trabajadores sociales, administrativos y también queremos que haya aparejadores o arquitectos y quizá sociólogos».
La principal novedad es esa ampliación en el abanico de posibilidades. «Ahora, podemos consultar desde el desahucio al alquiler social al acoso, la compraventa de viviendas, los problemas de la ocupación... no solamente quedarnos con una parte. Y tampoco como pretende la oposición, dedicarse sólo a la ocupación». La concejala recordó, en ese sentido, que la cuestión de la entrada en domicilios ajenos forma parte del problema de la vivienda, pero no es la cuestión única. En términos absolutos, señaló que, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la ocupación en la ciudad de València no se ha disparado. El año pasado se registraron 117 casos. A día de hoy, en lo que se lleva de año 2020 son 72 las ocupaciones registradas.
La alarma social sí que es verdad que se incrementa cuando la vivienda asaltada pertenece a un particular. «Las cifras constatan que el pasado año, de los casos antes mencionados, se registraron nueve ocupaciones a particulares y este año llevamos siete». Con todo, hay que recordar que el consistorio no avala las ocupaciones, sean al propietario que sea. De hecho, así lo manifestó la propia Isabel Lozano cuando, hace dos semanas, se ocupó una finca completa de la calle de la Reina, propietaria del Sareb. «Lo importante, por contra, es intentar tener una gestión eficaz del derecho a la vivienda en todos sus ámbitos: el acoso, el alquiler social, la compraventa, el programa Reviure y la propia ocupación».
