Las noticias sobre la plantación de arbolado organizada el pasado domingo por Cuidem Benimaclet en un solar propiedad de Metrovacesa, propietaria de la mayoría de los terrenos de este controvertido plan urbanístico, ha provocado la reacción de la promotora, que ayer criticó la inseguridad jurídica para los inversores en la ciudad y el allanamiento de propiedades privadas, al tiempo que reclamó al gobierno del Rialto (formado por Compromís y PSPV) «que avance en la tramitación del PAI para que los vecinos de Benimaclet puedan contar con las dotaciones que necesitan.
La propuesta de planeamiento que hizo Metrovacesa al equipo de gobierno, tras un proceso participativo, fue rechazada el pasado mes de julio por el alcalde, Joan Ribó. La concejalía de Desarrollo Urbano, en manos del PSPV, asumió posteriormente la gestión directa del PAI, ante la presión de los colectivos que piden la desclasificación del suelo apoyados por Compromís, y está trabajando en un nuevo diseño para esta bolsa de suelo ubicada en la frontera de la ciudad con la Ronda Norte y la huerta de Alboraia.
Tras la plantación de arbolado organizada por Cuidem Benimaclet, Metrovacesa denunció «nuevamente» ayer «la inseguridad jurídica a la que la iniciativa privada se ve abocada en València» y lamentó que «se allane un suelo privado y se actúe sin respeto a las normas, ni al derecho y sin contar con las autorizaciones y medidas de seguridad necesarias».
La promotora apuntó ayer que, «en contra» de lo que manifiesta Cuidem Benimaclet, el suelo donde el pasado domingo decenas de vecinos plantaron 60 árboles «ni mucho menos está abandonado». La Agrupación de Interés Urbanístico (propietaria mayoritaria del sector) está «a la espera» de que el ayuntamiento «apruebe la ordenación urbanística para poder dar al suelo su uso correspondiente conforme a la normativa».
La promotora también negó que no cumpla con las obligaciones de mantener los terrenos limpios como argumentan los vecinos y asegura que en los terrenos de su propiedad «se han llevado a cabo trabajos de limpieza y desbroce de las parcelas, conforme a sus obligaciones como propietarios».
Fuentes de Metrovacesa, que asegura que al menos diez de las parcelas de su propiedad en el PAI han sido ocupadas ilegalmente para instalar huertos urbanos, apuntan que «somos muy partidarios de plantar árboles, pero de forma ordenada, es decir, en los parques y zonas verdes públicas, con las autorizaciones administrativas necesarias al amparo de los proyectos de urbanización que se aprueben».
La promotora, que cifra en 50 millones el coste en indemnizaciones en caso de desclasificación del sector, se muestra abierta a las propuestas de mejora del desarrollo. Asegura que el proyecto inicial, de hecho, ya se ha adaptado en sucesivas ocasiones.
La promotora insiste en que su propuesta contempla la integración de los diferentes elementos con la huerta y el barrio de Benimaclet, incluye amplios espacios verdes, conforme a los parámetros urbanísticos vigentes y ratificados por el propio consistorio municipal durante los últimos años. A pesar de todo, añade, «nos encontramos con un proyecto paralizado y con constantes ocupaciones del suelo de forma totalmente irregular».
El PAI de Benimaclet, uno de los grandes sectores urbanizables previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989 lleva décadas atascado lo que propició en su día la aparición de los primeros huertos urbanos de gestión vecinal de la ciudad.
Tras la adquisición en 2018 de los terrenos por parte de Metrovacesa, la promotora presentó un diseño con 1.400 viviendas en torres en altura que liberaban suelo para dotaciones y contemplaba espacio para huertos urbanos. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por Cuidem Benimaclet, que representa la posición vecinal más radical al reclamar la reversión de los suelos. El diseño de este PAI enfrenta a los socios del gobierno. Mientras Compromís defiende la reducción de edificabilidad y mantener los huertos actuales, el PSPV aboga por una mezcla de usos, introduciendo terciario avanzado per o sin tocar la edificabilidad para evitar el pago de indemnizaciones a los dueños.
