El padrón es la puerta de entrada al sistema público. La persona acredita donde vive en la ciudad con el certificado de empadronamiento pero, ¿qué ocurre si lo que tiene alquilado no es un piso sino una habitación? ¿y si es una persona sin hogar o sin recursos que vive en la ciudad pero sin domicilio fijo?
El Gobierno «flexibilizó» los requisitos de acceso al padrón -con dos instrucciones del INE al respecto (en 2015 y en 2020)- para que los ayuntamientos permitieran el empadronamiento en una habitación, un banco del parque o la esquina de una calle. Se denomina «empadronamiento especial». El objetivo era (y es) que las personas más vulnerables accedan al sistema público pero el Ayuntamiento de València no cumplía con lo acordado y las entidades sociales denunciaron esta situación al Síndic de Greuges. La investigación ya ha concluido y el consistorio que preside Joan Ribó ha aceptado las recomendaciones del Síndic, Ángel Luna, y se compromete a realizar cambios en el protocolo, a mejorar el sistema de citas y de información y a admitir solicitudes que llevan años pendientes.
«Todas las personas que hubieran presentado solicitud de empadronamiento especial desde el 24 de marzo de 2015 hasta el 8 de julio de 2020 y no hayan recibido resolución expresa desestimatoria tendrán derecho a la estimación de sus solicitudes y por tanto, a ser dados de alta en el padrón». Así consta en la resolución que el Síndic de Greuges le ha enviado a València Acoge, promotora (junto a 30 entidades sociales más) de una queja en la que denunciaba el incumplimiento que hacía el Ayuntamiento de València de la normativa de los empadronamientos especiales e instaba a la Administración a dar de alta en el padrón aquellas peticiones que no hubieran sido resueltas en 3 meses. Y así ha sido. El ayuntamiento acepta las recomendaciones del Síndic y desde València Acoge se muestran satisfechos de que así sea ya que el padrón es la puerta de entrada al sistema y sin empadronamiento no hay nada. Ni tarjeta sanitaria, ni Renta Valenciana de Inclusión, ni ayuda, ni asistencia en servicios sociales. La nada. Además, el ayuntamiento también acepta que «cualquier persona interesada que se halle en situación de empadronamiento en circunstancias especiales, aún en fecha posterior (desde el 9 de julio de 2020), pueda invocar la presente queja para recibir el servicio municipal» que se va a llevar a cabo a partir de ahora.
Para el 8 de septiembre de 2021
En el informe del Síndic consta también que el próximo 8 de septiembre de 2021 el Ayuntamiento de València debe haber abordado (con participación de su Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad) la «gestión del empadronamiento de las personas que viven en el municipio en situaciones especiales de residencia mediante soluciones proactivas favorables a su alta en el padrón» y la «adecuación de los recursos disponibles a las necesidades reales». Así, para poder ofrecer la respuesta adecuada, el Síndic de Greuges recomienda «revisar el sistema de asignación de cita previa, de modo que el plazo máximo no supere los 15 días naturales», informar a los afectados de que los técnicos «deben verificar el domicilio que acreditan» y realizar un tratamiento «individualizado de situaciones especiales de asilo».
Desde el Servicio de sociedad de la información del Ayuntamiento de València aceptan las recomendaciones de Síndic y aseguran que se está «trabajando en la redacción final de un protocolo de actuación conjunta con otros servicios municipales en materia de empadronamientos especiales». En cuanto a la adecuación de los recursos disponibles, el consistorio admite que «no se dispone de recursos personales adecuados para atender las solicitudes de empadronamientos especiales, teniendo en cuenta que hay un incremento exponencial de servicios padronales, tanto de casos especiales como ordinarios, sin refuerzo de plantilla».
Desde el servicio de Bienestar Social e Integración, por su parte, se comprometen a realizar una revisión «de los supuestos en los que se exige a las personas, en situación especial de empadronamiento, certificado de empadronamiento para el acceso a trámites y servicios», algo que también realizarán desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración.
Eso sí, en las diferentes respuestas dadas por el ayuntamiento durante la investigación del Síndic, el consistorio también asegura que desde el año 2015 «no constan solicitudes de empadronamientos especiales por escrito» y que «se finalizará la tramitación, en el plazo máximo de 3 meses, las que hubiera del año 2016».
Las 30 entidades que denuncian
Las entidades que firmaron el escrito junto a València Acoge fueron la Asociación Hispano Siria, Intersindical Valenciana, Foro Alternativo de la Inmigración del País Valencià, Federación Unión Africana de España, Asociación Rumiñahui, Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Casa Camerún Comunitat Valenciana, Asociación ASFA, CEAR PV, Movimiento contra la Intolerancia de Valencia, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Cedsala, Unió Pobles Solidaris, Entreiguales, Psicólogas y Psicólogos sin fronteras, Aiphyc, Fundación Secretariados Gitano, Colectivo Resistencia Migrante, Asamblea de Solidaridad con México País Valencià, la Asociación Mira España, (N).O.M.A.D.A.S, Colectivo Sur Cacarica, Obrim Fronteres València y Asociación Hispanoamericanos en València.
