Ya hay acuerdo para liquidar el Consorcio Valencia 2007, el órgano creado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de València para la celebración de la Copa del América. Así lo anunció ayer el alcalde, Joan Ribó, quien explicó que el crédito de 60 millones de euros que quedó fuera del acuerdo para la condonación de la deuda principal de la Marina de València con el Gobierno será asumido por las tres administraciones implicadas. El Gobierno central, en concreto el Ministerio de Hacienda, asumirá el 40% del importe del crédito (24 millones de euros), cuyo pago ya se habría dispuesto. La misma cuantía (24 millones) pagará la Generalitat, mientras que el ayuntamiento abonará el 20% restante, esto es, 12 millones de euros repartidos en dos anualidades, la primera de las cuales se pagará este año.
El ayuntamiento aprobará este mes de julio una modificación de crédito para liberar los seis millones que le corresponden este año del pago de la deuda. Ribó dio ayer por «prácticamente resuelta» la deuda de la Marina de València que durante años ha lastrado el desarrollo de este espacio de ubicación estratégica en la fachada marítima.
Con este acuerdo «ha desaparecido la espada de Damocles» de la deuda que tenía el Consorcio que ahora «está en fase de disolución» y por tanto «en un momento de transición». Ahora «tenemos que crear una nueva estructura». Y para ello, dijo Ribó, «nos hemos dado tres años para poner en marcha una nueva entidad que podría ser una empresa pública, más ágil, que no depende de un organismo estatal y que estará aquí en València».
Con este acuerdo se dará por liquidada la deuda íntegra del Consorcio, después de que el Gobierno asumiera en los presupuestos generales de 2021 los 400 millones de euros del crédito del ICO. Con la deuda pagada el Consorcio pierde su razón de ser y queda liquidado. Una situación que ha generado una suerte de limbo administrativo que preocupa a los empresarios de la Marina de València. Así se lo trasladaron ayer al alcalde en la reunión que mantuvieron en la sede del Consorcio y a la que también asistió su director, Vicent Llorens, quien informó de que entretanto se define cómo será el nuevo órgano de gestión de la marina, cuyos estatutos se presentarán previsiblemente a finales de año y donde ya no estará el Ministerio de Hacienda, se ha creado una comisión gestora provisional, en la que están técnicos del Consorcio y de la Autoridad Portuaria, para tramitar licencias y permisos y resolver los problemas legales que puedan surgir.
En el nuevo órgano gestor estarán las administraciones local y autonómica y previsiblemente la Autoridad Portuaria.
El alcalde se ha comprometido con los empresarios de la Marina a estudiar si sus actividades y proyectos pueden acogerse a los fondos estatales de rescate Next Generation a los que optará el ayuntamiento de València y a los que por la condición de moroso que todavía pende del Consorcio no pueden optar la docena de empresas de innovación instaladas en la Marina de València.
El Consorcio tiene tres años para definir la fórmula de gestión de la marina, pero la idea, recalcó Ribó, es presentar los estatutos de la nueva entidad gestora a finales de año, junto con la nueva estrategia de la Marina. El plan de usos aprobado tras la llegada del gobierno progresista ha quedado desfasado y muchos de los edificios y concesiones previstos están bloqueados, como la parcela hotelera, los Docks y la Estación Marítima. Llorens apuntó que con la salida del Gobierno hay que revisar la fórmula de gestión y se está trabajando en un ente de gestión nuevo, con unos nuevos estatutos, un nuevo plan financiero y una estrategia renovada.
