El Consorcio Valencia 2007, la entidad participada por Gobierno de España (a través del Ministerio de Hacienda), Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de València, encargada de la gestión de La Marina, el vestigio administrativo y de gobierno que quedaba de la Copa del América, no quedará disuelto en la jornada de hoy, tal como estaba previsto, después que el presidente del mismo, el alcalde Joan Ribó, anunciara el aplazamiento de la reunión. Una decisión sobre la que subyace el cambio de componentes de este particular tripartito y las atribuciones que tendrá el nuevo socio: la Autoridad Portuaria, que sustituirá al Gobierno, una vez ha asumido la deuda que mantenía la entidad con el ICO, la losa de 400 millones de euros en los que se había convertido el legado económico de la regata internacional.
De esta manera, la reunión tenía como objeto principal llevar a cabo la particular liquidación del actual consorcio e iniciar una nueva etapa.
El Consorcio estaba formado a partes desiguales de participación: 40 por ciento los gobiernos central y autonómico y un 20 por cierto para el municipal. En el particular traspaso de poderes, el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene que Autoridad Portuaria mantenga un derecho de veto sobre las decisiones a tomar. Algo que, al parecer, no comparte el alcalde y es lo que le habría llevado a tomar la decisión de este aplazamiento.
La noticia ha causado sorpresa entre el resto de patas de la mesa, puesto que consideran que es «una huida hacia adelante poco comprensible. Porque los términos estaban pactados y, sobre todo, porque no tienen vuelta atrás», señalaron fuentes de toda solvencia. La constitución de un nuevo órgano de gobierno es necesario para iniciar una nueva etapa y, con ella, una nueva explotación del recinto portuario que garantice la viabilidad de sus instalaciones. De hecho, está pendiente la resolución de grandes concesiones a la espera de crearse la nueva sociedad. Hay que recordar que el recinto portuario se transformó de forma sustancial desde su antigua función exclusivamente mercante o pesquera en una zona de ocio e innovación. Pero al precio de un endeudamiento salvaje generado como consecuencia final de la regata y salvado por la intervención del gobierno de España. El pasado mes de julio, tanto Joan Ribó como el director de La Marina, Vicent Llorens, habían asegurado que, en ese tránsito, «no hay ninguna circunstancia que cree incerteza a las empresas». Ahora, sin embargo, la transición vuelve a atascarse. Nuevamente, Compromís y PSPV vuelven a chocar por el control de un organismo trascendental para la ciudad.
