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València

Los colectivos vecinales denuncian que hay miles de viviendas turísticas sin regularizar en València

La federación de vecinos avisa que la mayor parte de la oferta de pisos turísticos se ofrece "al margen de la legalidad"

Cartel de la campaña "Veïnat en perill d'extinció" colgado en una vivienda del centro histórico.

La comisión especial de viviendas de uso turístico del Consell Municipal de Turisme se ha reunido esa tarde "para debatir un borrador de ordenanza para legalizar que viviendas residenciales situadas en áticos o en entreplantas puedan funcionar como apartamentos turísticos un máximo de 60 dias al año", según han informado fuentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València.

"Mientras el ayuntamiento se muestre incapaz de informar sobre cuantas viviendas de uso turístico hay realmente en funcionamiento en la ciudad, mientras no sea capaz de resolver las denuncias vecinales por molestias o controlar el impacto sobre la vivienda de alquiler consideramos que es una grave irresponsabilidad crear nuevas figuras que ni siquiera están previstas en la ley de turismo de la Comunitat Valenciana", lamentaron los portavoces vecinales.

Las licencias o certificados de compatibilidad urbanística concedidas por el Ayuntamiento de València, una acreditación que necesita cualquier apartamento turístico para operar, hoy apenas llegan al millar en la ciudad de Valencia (se han concedido 64 en 2021), apuntan en la Federación de Vecinos, "sin embargo, según las cifras facilitadas hoy por VisitValencia que se muestran en su página web hay 4.710 en funcionamiento".

"Solo con esta cifra -lamenta la entidad vecinal- podemos afirmar que la mayor parte de la oferta de apartamentos se encuentra sin cobertura legal. Pero este número es a todas luces incierto pues solo en la página de Inside AirBnB ya se dice que hay 5.545 anuncios vigentes o según los estudios realizados por la Universitat de València en 2018 serían mas de 7.000, o en el último informe de Castro Consulting de 2019 serian 9.446".

Castro Consulting 2019

En suma, tal como lamentan en la Federación de Asociaciones de Vecinos y secundan colectivos como Amics del Carme o Veïnat en perill d'extinció "hoy la mayor parte de oferta de viviendas de uso turístico en la ciudad se realiza al margen de la legalidad, no se sabe a ciencia cierta cuantas viviendas hay en el mercado, pero si se sabe que la mayoría no podrán obtener nunca la acreditación de compatibilidad urbanística por no cumplir los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana (Encontrarse en edificios de uso exclusivo, en bajos o en primeros)".

Por otra parte, las quejas y denuncias por molestias se acumulan sin que el ayuntamiento "pueda confirmar el cese efectivo de la actividad. Se sabe de apartamentos denunciados desde hace mas de dos años, con actas de policía local que acreditan graves molestias a los residentes, que continúan en funcionamiento. El ayuntamiento carece de procedimientos sancionadores eficaces y no habilita los recursos necesarios para hacer frente a las denuncias", lamentan.

Y por último, el impacto en la subida de los precios del alquiler es mas que evidente. "Las viviendas de uso turístico -consideran las fuentes consultadas- están detrás de las subidas de mas del 40% de las rentas del alquiler desde 2017, y detrás también de muchas no renovaciones de contrato que plantean subidas de precios abusivas, cuando no directamente desahucios por la venta de edificios enteros como ha ocurrido recientemente".

Por todas estas razones la FAAVV de València ha pedido "la retirada del borrador de ordenanza y ha exigido mas medios para regular un sector que está degradando barrios enteros como el de Mercat, donde ya es mayor el número de camas turísticas que vecinos empadronados".

Desde la concejalía, lamentan los vecinos en un comunicado, "se ha tratado de minimizar el problema señalando que no llegamos a los graves problemas que hay en ciudades como Barcelona, Paris o Amsterdam, a lo que se le ha contestado que precisamente por ello, porque no queremos llegar a esos extremos es por lo que exigimos mas rigor y tutela en la vigilancia de una actividad que tiene un alto coste social".

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