El presupuesto municipal de 2022, que por primer vez supera el listón de los mil millones de euros, salió adelante con los votos en contra de toda la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) en el último pleno del año celebrado ayer en el Ayuntamiento de València. Una sesión en la que, en plena sexta ola del coronavirus, se recuperó la participación telemática y en la que se debatió sobre las medidas insuficientes para la oposición de apoyo al comercio, la hostelería y las familias. También, sobre las irregularidades sobre facturas, gastos y contrataciones detectadas por las auditorías internas en varios organismos municipales, de las nuevas tarifas y de los presuntos «enchufados» de la EMT, de la subida o «congelación» (según lo dijera el PP o el PSPV) de los impuestos, y nuevamente de la movilidad, en concreto, del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella, cuya paralización pidió, sin éxito, en una moción Ciudadanos.
Un último pleno en el que no faltó tampoco alusión a la sentencia del pitufeo favorable al PP, que dio pie a un bronco enfrentamiento entre la portavoz popular, María José Català, y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, a quien la portavoz del PP reclamó «humildad» y «cerrar el pico cuando la justicia no les ha dado la razón» y en la que tuvo que llamar al orden la vicealcaldesa, Sandra Gómez, que presidió el pleno en sustitución de Joan Ribó, que por una dolencia en una pierna siguió el pleno desde su despacho. Antes, Borja Sanjuán acusó a Catalá de contar «las cosas a medias» y al PP de «intentar blanquear toda aquella época de corrupción»».
«El peor presupuesto del peor gobierno». Con estas palabras definió la portavoz del PP las cuentas del año que se espera de la recuperación económica, que crecerán hasta niveles históricos gracias a los 60 millones de los fondos Next Generation. Unos presupuestos en los que no se han tenido en cuenta las 65 propuestas del PP, reprochó Catalá, y que son, a juicio del portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, un mero reparto en base a cuotas de poder del gobierno de coalición del Rialto, formado por Compromís y PSPV. El presupuesto municipal del año próximo, «el mejor dotado de la historia» se situará en 1.010.878.200 euros. Se destinará a la recuperación económica y social y prevé la incorporación de 234 agentes de policía para reforzar la seguridad y convivencia de los barrios. Pese al refuerzo de efectivos previstos, la inseguridad volvió a centrar parte del debate ayer a cuenta de una moción del PP que pedía, al hilo de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez en las Cortes, el apoyo "sin fisuras" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han expresado opiniones en contra de los cambios legales previstos que afectan a cuestiones como la presunción de veracidad de los agentes o la tutela de las personas detenidas y trasladadas a comisaría que tendrán, en algunos supuestos, que ser devueltas por los agentes al lugar donde fueron detenidos. Un portavoz del sindicato de policía SPPLB tomó la palabra en el pleno para advertir de que con los cambios en la ley «la inseguridad será la tónica». «Tendremos que devolver al carterista al centro de la ciudad o a un posible pederasta al parque donde iba cometer el delito», afirmó.
En las interpelaciones, el PP reprobó el oscurantismo y la indefinición del gobierno de Ribó sobre los restos de una posible muralla tardorromano aparecidos en las obras de la plaza de la Reina que impulsa la Concejalía de Movilidad. Su titular Giuseppe Grezzi no aclaró si se ampliarán las excavaciones como reivindican los arqueólgos y expertos dada la importancia del hallazgo.
