El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que el pasado mes de noviembre suspendió el procedimiento de contratación del servicio para la gestión del tráfico convocado por la Concejalía de Movilidad Sostenible en la ciudad de València, un contrato de casi 40 millones de euros, después de que tres sindicatos (UGT, CSIF y USO) recurrieran los pliegos presentados por el Ayuntamiento de València, ha dado finalmente la razón al consistorio.
El tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye que el ayuntamiento no está obligado a subrogar al personal de la contrata actual.
El objeto de este contrato, según informó en su día el Ayuntamiento de València, es la gestión del tráfico y la movilidad en la capital valenciana, siguiendo criterios de seguridad vial y movilidad sostenible y «buscando el mayor grado de aplicación de estos criterios y estableciendo prioridades en función del grado de vulnerabilidad de las personas usuarias».
La petición de los sindicatos era que el contrato contemplase la subrogación del personal que ya trabajaba anteriormente en el servicio. El Tribunal aplicó una paralización temporal del proceso que ahora se levanta. De hecho, el ayuntamiento ya ha abierto los sobres de las ofertas presentadas al servicio.
El tribunal declara ajustados a derecho los citados pliegos al considerar que no se puede concluir que la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el Fomento de la Responsabilidad Social ni el Acuerdo sobre materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la Comunitat Valenciana, de 21 de marzo de 2021, impongan una obligación general de subrogación respecto de las contrataciones del Ayuntamiento de València, más allá de la impuesta por el convenio de aplicación, que no la prevé.
El del tráfico no ha sido el único contrato recurrido por los sindicatos para la subrogación del personal. UGT presentó otro recurso contra el procedimiento contractual para la limpieza, mantenimiento y reparación de las fuentes ornamentales de la ciudad de València para que se reconociera la subrogación de los trabajadores que ya prestaban su servicio anteriormente.
El importe de salida para los cinco años asciende a 39,9 millones frente a los 21,3 millones del anterior contrato.
