El alcalde, Joan Ribó, fijó ayer como objetivo de su gobierno el derribo del hotel Sidi, en pleno corazón del Parque Natural de la Devesa. En la presentación de los nuevos agentes y vehículos de la Policía Local, Ribó dio su «conformidad entusiasta» a la decisión de la concejala de Actividades, Lucía Beamud, de dar por caducada la licencia ambiental y denegar también la de obras solicitada por la propiedad para reformar el hotel, construido en 1976 sobre las dunas de la playa del Saler. Los planes del alcalde de Compromís son que los terrenos que ocupa el que fue hotel de lujo y sobre los que rige una concesión de 2018 del Ministerio de Transición Ecológica a favor de CaixaBank y BBVA, «vuelvan a ser una playa del parque natural».
El alcalde no ha dejado lugar a duda. «El objetivo es que se derribe», aunque admitió que «costará». De momento, el Plan de Ordenación del Parque Natural de la Devesa, en revisión, impide conceder nuevas licencias en el espacio natural y ampara al ayuntamiento en su decisión de bloquear las licencias. Tampoco se descarta buscar a través de los planes de protección que tramita la Generalitat el blindaje frente a nuevas concesiones.
Para el alcalde la solución definitiva y «lógica» es que el suelo del hotel «vuelva a ser playa». Retirar la licencia de actividad que las entidades bancarias, a través de sus mercantiles inmobiliarias Divarian y Coral Homes, quieren mantener viva «ha sido el primer paso», añadió Ribó.
El alcalde quiere evitar a toda costa la reapertura del hotel y su reconversión en residencia para mayores como han planteado los vecinos del Saler.
Sin embargo, esta no es la postura que comparten sus socios del PSPV en el gobierno del Rialto, que han dejado ver en varias ocasiones sus dudas sobre la amortización de la infraestructura. La vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, lamentó ayer que al edificio «finalmente no se le haya podido dar una utilidad» que, en su opinión, «podría haber sido el de residencia para las personas mayores o algún servicio público vinculado a este sector poblacional que tanto ha sufrido durante la crisis de la covid». «València es deficitaria en plazas destinadas a atender a las personas mayores», recordó Gómez.
Los vecinos del Saler han abogado por reutilizar la infraestructura de algún modo, generando empleo y evitando la degradación progresiva del edificio, cuyas ruinas pueden eternizarse al menos hasta que se resuelva el conflicto por el derribo con los propietarios.
En línea con Ribó, el vicealcalde y concejal de la Devesa y Ecología Urbana, Sergi Campillo, justificó ayer la caducidad de la licencia por parte de la Concejalía de Actividades al hotel Sidi porque «no hay actividad desde hace once años». También se mostró contrario al proyecto de la residencia de mayores. «No es el mejor sitio» destacó. Para Campillo es irrenunciable «la recuperación de una zona natural y menos con lo que se nos viene encima con el cambio climático».
El vicealcalde abundó en las declaraciones de Ribó y aseguró que la obligación de reponer la legalidad y derribar el hotel, ahora de titularidad estatal tras quedar en 2008 dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestre, es del Estado atendiendo a los informes contrarios, no vinculantes, que ya han emitido las distintas concejalía del Ayuntamiento de València.
«Está muy bien eso de llenarse la boca con defender la Albufera, pero hay que tomar decisiones y ser valiente, que es lo que hizo Ricard Pérez Casado cuando paralizó el Paseo Marítimo y restauró un cordón dunar que es referencia mundial», añadió Campillo.
