Un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el convenio firmado en 2007 por la Generalitat y el Ayuntamiento de València para construir las infraestructuras del circuito urbano de la Fórmula 1 en el barrio del Grau ha evidenciado un nuevo choque entre el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca (Podemos) y la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE).
El vicepresidente interpreta ese dictamen en el sentido de que los 38 millones que adelantó la administración autonómica para construir el circuito urbano debe de pagarlos y devolverlos el Ayuntamiento de València. Incluso cuando preguntó al órgano consultivo en agosto, el alto cargo autonómico pensaba que el consistorio debería de retornar esos costes de urbanización ya a las arcas autonómicas.
En cambio, la vicealcaldesa sostiene que ese dinero lo pagarán los propietarios de los terrenos que van a desarrollar el PAI y no está dispuesta a que el consistorio asuma la totalidad de ese dinero por una obra que quería y que impulsó la Generalitat.
Mientras, el dictamen del CJC, al que ha tenido acceso Levante-EMV, ofrece varias conclusiones. Una de ellas es que el convenio suscrito en 2007, en tiempos de Paco Camps y Rita Barberá, está caducado desde el 2 de octubre de 2020.
En segundo lugar, el CJC abre la puerta a que la Generalitat demande al Ayuntamiento de València y le reclame alguna indemnización por incumplir este acuerdo legal. Es un hecho que el convenio no se ha cumplido en su totalidad, ya que no se ha ejecutado el plan urbanístico, y por tanto, la Generalitat no ha recuperado el dinero que adelantó. Por eso, el CJC ve «viable» que el Consell denuncie al ayuntamiento. Sin embargo, le advierte que no puede garantizarle que la justicia vaya a darle la razón.
En cambio, el órgano consultivo le aconseja a Illueca que antes de tomar cualquier acción legal trate de llegar a un acuerdo con el consistorio en el seno de la Comisión de Seguimiento del convenio. En esta comisión están representadas ambas administraciones y las dos partes pueden encontrar la mejor solución para el PAI del Grau mediante «la negociación».
Cabe recordar que este convenio sobre el circuito urbano del Grau, que ahora gestionan las fuerzas de izquierda en la Generalitat y en el Cap-i-Casal, es una herencia envenenada que dejaron Barberá y Camps. Ambos dirigentes populares impulsaron un convenio que iba a concretar todo el desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad y que iba a permitir que el evento automovilístico «no costara ni euro», como ha repetido Camps.
A día de hoy el resultado inmediato es que la administración autonómica, por tanto todos los valencianos, paga cada año 7,5 millones por un crédito de 60 millones que caduca en 2023. Mientras, el consistorio no ha devuelto ni un euro porque el PAI aún no se ha desarrollado y los promotores no han pagado los costes de urbanización.
