La agrupación de interés urbanístico (AIU) liderada por el grupo inversor valenciano Atitlan y el fondo británico Hayfin Capital, propietarios de la mayor parte de los terrenos del PAI del Grao, quieren el mayor margen de libertad posible para diseñar el desarrollo urbanístico y han solicitado a la Concejalía de Desarrollo Urbano la denominada gestión "por los propietarios", una figura desarrollada en la Ley de Ordenación Urbanística (Lotup) que agilizaría algunos trámites y brinda mayor control sobre el diseño y los usos a los privados, siempre que se tenga al menos la propiedad del 60% del sector.
Una petición que se aleja de la postura del alcalde, Joan Ribó, que ha defendido mantener la gestión directa del sector a través de la empresa municipal Aumsa, en línea con su postura con otros desarrollos como el de Benimaclet, junto a la ronda norte, donde se ha rechazado ya el diseño que presentó Metrovacesa y donde se ha abierto un proceso de participación ciudadana para redefinir las necesidades del barrio.
Los propietarios privados de este desarrollo acaban de firman un acuerdo con el gobierno municipal por el cual se comprometen a asumir el 76% de la deuda que dejó el circuito de la F1, esto es 32 de los 42 millones de euros que la Generalitat reclama al ayuntamiento. Un acuerdo "muy bueno", según ha reconocido hoy la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez, tras el cual debe llegar un acuerdo con sus socios de gobierno de Compromís para la fórmula de gestión y un nuevo convenio con la Generalitat para liquidar definitivamente la deuda del circuito. Sobre los diez millones que no han entrado en el acuerdo con los promotores, la vicealcaldesa socialista insiste en que debe asumirlos la Generalitat por ser la administración que "inició y luego renunció" a la Fórmula 1. El alcalde no ha querido pronunciarse aún a este respecto porque asegura "no conocer el detalle del acuerdo" del que Sandra Gómez le informará mañana.
El pago del coste del circuito, que el convenio suscrito en 2007 por Francisco Camps y Rita Barberá preveía recuperar con las cargas urbanísticas de los rascacielos (2.500 viviendas) previstos en el Grao ha bloqueado durante años el desarrollo de esta estratégica bolsa de suelo en la fachada marítima. El acuerdo supone que los promotores del sector repercutirán el coste del circuito como carga urbanística lo que encarecerá las viviendas. "No serán precisamente baratas" apuntan fuentes conocedoras del acuerdo con los propietarios. La administración traslada así los costes de la F1 a un desarrollo urbanístico que también soportará el coste en parte de la prolongación del túnel de Serrería, al menos cinco millones de euros más, y la adecuación del último tramo del Jardín del Turia y futuro Parque de Desembocadura. Los costes de urbanización de todo el sector se mueven en una horquilla de 60 a 100 millones de euros. La redacción del nuevo planeamiento está pendiente desde 2017 cuando se decidió eliminar detalles como los canales navegables que el diseño de Jean Nouvel y GMP dibujaron en el sector.
El sector, con más de 300.000 metros cuadrados de superficie contempla la construcción de 20 rascacielos (2.500 viviendas) de hasta 45 alturas y 95.000 m2 de edificabilidad de uso terciario. Hay previsto un gran parte de 161.000 metros cuadrados y dotaciones.
Atitlán, como se ha publicado, compró por alrededor de 30 millones de euros los terrenos del Grao adquiridos por en su día por más de 300 millones por el conglomerado empresarial y financiero Acinelav Inversiones, que quebró en 2014.
