Una auditoría realizada por una empresa externa para la Empresa Municipal de Transportes ha concluido que la compañía presenta un riesgo medio de sufrir una serie de delitos, en algunos casos similares a los factores que pudieron motivar o agravar el fraude de los 4 millones. Estos auditores determinan que la EMT está expuesta a ser objeto de delitos como malversación, cohecho y tráfico de influencias, además de revelación de secretos y allanamiento informático.
El mismo informe incluye un mapa de riesgos en la EMT y advierte del peligro de que se produzcan en esta empresa municipal actividades delictivas contra el medio ambiente y la naturaleza, así como delitos provocados por explosivos y otros agentes.
Estos auditores externos concluyen que la EMT «apenas tiene implantadas políticas que permitan prevenir las conductas delictivas». Asimismo, «los trabajadores no tienen claro el reparto de funciones». La actividad en que puede cometerse el hecho delictivo «es muy habitual» y «han existido conductas delictivas o incumplimientos administrativos anteriores».
Por todo ello, tras mantener una serie de entrevistas con responsables de la EMT y valorar la documentación, constatan que hay una «probabilidad media» puntuada con un 3 en un baremo del 1 al 5 de sufrir estos delitos citados. Además de analizar esta auditoría, el Consejo de Administración de la EMT tiene previsto aprobar el martes 29 de marzo, con la mayoría de los votos de Compromís y PSOE, una serie de mecanismos internos y de planes contra la corrupción, la comisión de delitos, así como un código de conducta ético y laboral para trabajadores y directivos.
El martes 29 de marzo, con la mayoría de los votos de Compromís y PSOE, el consejo de la EMT aprobará una serie de mecanismos internos y de planes contra la corrupción, la comisión de delitos, así como un código de conducta para trabajadores y directivos.
Entre otras novedades, EMT dispondrá de un Órgano de Supervisión en materia de prevención de delitos y de una guía de actuación para que la compañía y sus responsables sepan cómo actuar ante el conocimiento de la presunta comisión de un delito o ante denuncias por la comisión de hechos que podrían acarrear responsabilidad penal para la propia mercantil. Asimismo, se va a aprobar un protocolo de actuación contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales; y un código de conducta que fija los conflictos de intereses que pueden afectar a los empleados y altos cargos de la EMT.
Todas estas medidas serán aprobadas casi 3 años después del robo que sufrió la EMT en 2019 y que ha acabado con sendas investigaciones judiciales abiertas en el Tribunal de Cuentas y un juzgado de lo penal de València. Entre otros aspectos destacados, la aprobación de una mapa de riesgos de delitos y de una política de Compilance puede servir para liberar de responsabilidad judicial a la mercantil que sufra un delito por culpa de un directivo.
