La Unión Temporal de Empresas (UTE) que realiza los trabajos de excavación, restauración y puesta en valor de la muralla islámica de València, paño de la Plaza del Ángel, ha pedido al ayuntamiento que paralice el plazo de ejecución de los trabajos por la demora que sufren los mismos y para hacer un proyecto modificado que, lógicamente, encarecería el coste de los mismos, adjudicados en su día por 2,7 millones de euros. El ayuntamiento, sin embargo, ha rechazado esta petición, al entender que los retrasos son culpa de la empresa mayoritariamente y que bastaría con una modificación puntual del proyecto dentro de lo establecido por la ley para revisar trabajos y precios, continuando en el resto de la obra como se ha venido haciendo hasta ahora. Es decir, rechaza la paralización de los trabajos.
El proyecto de recuperación de la muralla islámica, cuyo plazo de ejecución era de 15 meses, debía estar terminado el próximo mes de junio, sin embargo, a día de hoy, faltando apenas dos meses, solo se ha ejecutado el 42%, lo que hace imposible cumplir con los tiempos. En vistas de ello, el ayuntamiento ha instado en varias ocasiones a la empresa a actualizar el plan de trabajo y tramitar una prórroga, pero la empresa se ha descolgado en las últimas semanas con tres escritos solicitando "la suspensión del plazo de ejecución de la obra mientras no se apruebe un proyecto modificado que recoja las necesidades actuales, las demoras en la ejecución y la obra ejecutada y no certificada, sobre la que exige reconocimiento y pago inmediato con intereses", según se recoge en el expediente aprobado ayer en la Junta de Gobierno Local.
Respuesta contundente
Recibida la petición, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento requirió a la empresa encargada de la dirección de obras para que informara y ésta respondió que "la mayor parte de los retrasos" son responsabilidad de la empresa adjudicataria de las obras y que no existe justificación para presentar un plan adaptado de los trabajos ajustado a esos retrasos. La dirección de obra acepta la posibilidad de que se realicen "nuevas mejoras en el proyecto y que éstas se tramiten mediante una modificación del mismo", en cuyo caso podría aceptarse "la suspensión parcial de las obras en los ámbitos estrictamente afectados por dicha modificación", no en el resto.
"Las demoras producidas no se corresponden a causas imprevistas o sobrevenidas, sino a la actuación poco diligente del contratista"
Así pues, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico recoge este informe y lo hace suyo. Asegura que "las demoras producidas no se corresponden a causas imprevistas o sobrevenidas, sino a la actuación poco diligente del contratista". "No existe -continúa- justificación válida para que la empresa constructora no adapte el plan de trabajos y se pueda aprobar una prórroga, por lo que procede requerir de nuevo al contratista para que cumpla con su obligación contractual de aportar este plan de trabajo adaptado a los retrasos". El ayuntamiento también deniega el pago inmediato de la obra ejecutada y no certificada, pues las variaciones producidas hasta ahora han entrado en los umbrales" legales.
El consistorio admite, eso sí, que la dirección de la obra "modifique el proyecto dentro de los límite indicados en la ley y siguiendo el procedimiento establecido para la determinación de los nuevos precios en la legislación vigente".
En conclusión, los servicios municipales creen que "procede ordenar a la empresa la continuidad de las obras, advirtiendo que en caso de que la empresa incumpla los plazos de ejecución indicados o las demás determinaciones del contrato, el servicio va a proceder a aprobar las penalizaciones previstas, así como a exigir la indemnización por daños y perjuicios". En este caso, la indemnización se cuantificaría "no solo por el precio del contrato de la obra que se dejase de hacer, sino por la pérdida del importe total de la subvención del plan especial de soporte a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana", ya que esta obra está financiada con el popular Plan Confianza de la Generalitat Valenciana. En última instancia, el ayuntamiento recuerda que en caso de ser sancionada, la empresa tampoco podría contratar en el futuro con la administración.
Sobre la posibilidad de que el ayuntamiento rescinda el contrato por un retraso superior a un tercio del plazo, éste asegura que no ha valorado esa posibilidad.
