La Marina de València ha quedado esta semana liberada de todas sus deudas. La Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España libró ayer el último pago pendiente de 12 millones de euros con lo que la Marina, enclave estratégico del frente marítimo, suelta definitivamente el lastre de las deuda quince años después de la celebración de la Copa del América.
Los 12 millones que este jueves transfirió la Generalitat al Consorcio son una de las dos anualidades por el mismo importe que tenía que satisfacer de la administración autonómica del préstamo de 60 millones de euros suscrito en su día para hacer frente a las variaciones de intereses del préstamo principal de más de 400 millones de euros concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar las obras de la Copa del América que en 2020 fueron asumidos íntegramente por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
En el acuerdo de condonación y para el pago del crédito de 60 millones, que el banco Santander vendió a un fondo "buitre" americano, el Gobierno hizo valer las cuotas de los estatutos del Consorcio para repartir al 40% Estado, 40% Generalitat y 20% Ayuntamiento de València. Así las cosas el ayuntamiento ha pagado seis millones de euros en dos anualidades (2021 y 2022) y la Generalitat 24 en los citados dos años. El Estado por su parte, abonó su parte de la deuda en el momento que hizo efectiva su salida del Consorcio en octubre del año pasado.
Los 500 millones de euros de deuda de la Marina de València han lastrado durante años la gestión de la Marina por parte del Consorcio València 2007, formado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, e incluido hasta ahora en la listas de morosos de las entidades financieras.
La deuda de la Marina de València era, junto con otros proyectos ruinosos como la F1, la Ciudad de la Luz, la T2 (actual L10) o el aeropuerto de Castelló, uno de los elefantes blancos heredados por el gobierno autonómico del socialista Ximo Puig.
Tras el pago de las deudas el Consorcio ha entrado en proceso de liquidación, lo que ha generado incertidumbre e inseguridad en muchas de las empresas y concesiones instaladas en la Marina. La Generalitat ha anunciado su intención de gestionar junto con el Ayuntamiento de València la Marina como un puerto deportivo autonómico, lo que requiere un complicado proceso administrativo de segregación de la dársena que incluye la aprobación del Consejo de Ministros. De momento, la Conselleria de Territorio, ahora con Rebeca Torró al frente, no ha movido papeles para solicitar la segregación a Puertos del Estado.
La administración autonómica y el Ayuntamiento de Valencia, gobernado en coalición por Compromís y PSPV no han sido aún capaces de ponerse de acuerdo para nombrar a los miembros de la comisión de liquidación de los activos del Consorcio, paso imprescindible para dar paso a un nuevo ente gestor de la marina.
