València

Deberes para los políticos: 10.000 árboles y 100 millones para vivienda

Cuarenta colectivos cívicos y sociales convocan a los candidatos del 28 M a un foro para trasladarles sus demandas para la ciudad del futuro

Un grupo de viandantes pasea por el centro de València.

Un grupo de viandantes pasea por el centro de València. / FRANCISCO CALABUIG

FM Vigara

Hasta 40 colectivos sociales, cívicos y ecologistas han convocado un foro de debate para el próximo 20 de abril con los candidatos a las municipales del 28 de mayo para ponerles deberes y trasladarles sus demandas con vistas al futuro de la ciudad. Entre otras peticiones, estas entidades exigen que la nueva corporación destine 100 millones de euros a un plan de choque para construir vivienda pública asequible y que se planten 10.000 árboles en la capital valenciana. Todo ello, en los 12 primeros meses del próximo mandato. 

Estas dos propuestas forman parte de un documento titulado «La València que necessitem per a viure», que es fruto de un amplio proceso participativo y el resultado de una Trobada Municipalista celebrada hace pocas semanas, con participación de representantes de la sociedad civil valenciana.

Tal como informan los portavoces de esta Trobada Municipalista, después de efectuar un diagnóstico de la situación de la ciudad, estos colectivos proponen al próximo gobierno municipal «treinta medidas imprescindibles a desplegar en el primer año de la legislatura, para los ciudadanos que ahora viven pero también para las generaciones futuras». 

Cuatro ejes estratégicos

Las propuestas se articulan en turno a cuatro ejes: «Emergencia climática, Vulnerabilidad y pobreza, Cultura y participación ciudadana y Modelo de ciudad». Estas actuaciones van desde la aprobación de un programa de plantación de 10.000 árboles por año en las calles y los espacios libres de València a la puesta en marcha de un plan de choque para la creación de un parque público municipal de vivienda centrada en la oferta de alquiler asequible, con una dotación mínima de cien millones anuales. Asimismo, se reclama la conversión de zonas urbanas amplias en suelo permeable con vegetación o la reversión de los terrenos de la ZAL para un uso ciudadano. En esa línea, el documento plantea la aprobación de un reglamento de los centros cívicos de los barrios para favorecer su gestión comunitaria y la recuperación para equipamientos públicos de los espacios de antiguo uso militar en la Alameda y otros barrios. También se exige aplicar una moratoria inmediata de licencias para el uso hotelero y apartamentos turísticos, entre otras intervenciones.

«Persiste la desigualdad»

Las entidades firmantes constatan que en estos años «València ha mejorado en muchos aspectos» sin embargo «manifiestan que la desigualdad y la pobreza persisten y en algunos barrios se cronifican». «Las inversiones -lamentan- se han concentrado en exceso en el centro histórico y otros enclaves singulares, convertidos más en lugares para el ocio, las franquicias y el turismo masivo que en espacios para el uso popular, el comercio tradicional, el disfrute y la convivencia de las personas residentes». 

De las 40 entidades firmantes de este documento, se puede destacar a Acció Cultural del País Valencià; Acció Ecologista-Agró; Acicom Associació Ciutadania i Comunicació; las asociaciones de vecinos y vecinas de Campanar, Orriols–Rascanya, Benimaclet, Natzaret y Fuensanta; Ca Revolta; la Càtedra Tierra Ciudadana-UPV; CGT, la Comissió Ciutat-Port;Ecologistes en Acció; la Federación Unión Africana España; Intersindical Valenciana; la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca y El litoral per al poble.

Todos estos colectivos sociales critican que en estos años no se han facilitado vías para una participación ciudadana efectiva. En esa línea, recuerdan que representan «a miles de vecinas y vecinos de València», y que trabajan en diferentes ámbitos, desde el mundo vecinal hasta la cultura o la ecología. Por ello, manifiestan «su inquietud por todo lo que queda por hacer para conseguir una ciudad que afronte los retos sociales, climáticos y urbanísticos, y la construcción participativa que exige un modelo de ciudad de futuro