10 de diciembre de 2007
10.12.2007

De los acuerdos de paz a la Ley de la carrera municipal

10.12.2007 | 01:00
visita . José Antonio Morales en su visita a la redacción de Levante-EMV.

José Antonio Morales Ehrlich fue alcalde de San Salvador y ministro de la República salvadoreña. Actualmente es uno de los baluartes de la Ley de la carrera administrativa municipal en el país centroamericano, que ha bebido de la experiencia de la función pública local valenciana.

Nuria Tendeiro Parrilla, Valencia


El ex ministro de la República de El Salvador, José Antonio Morales Ehrlich, participó recientemente en el Encuentro de cooperación municipal para el desarrollo organizado por el Fons Valencià per la Solidaritat, donde explicó cómo la cooperación de los municipios valencianos, representados en el Fons, ha generado desarrollo local en el país centroamericano por medio de su apoyo en el proceso de creación del cuerpo técnico de funcionarios.


Después de un largo y complejo proceso, en el que han participado todos los actores implicados en el desarrollo local, así como los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa de El Salvador, el 29 de junio de 2006 fue aprobada la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que entró en vigor formalmente el día 1 de enero de 2007. En su visita, José Antonio Morales, que ha sido uno de los consultores y hacedores de la nueva norma, incidió en que la ley aprobada está siendo implementada gracias, en gran parte, a la cooperación de los municipios valencianos, y resaltó que todavía hay que salvar muchos escollos. Entre ellos, «la poca claridad por parte del Gobierno Central en la defensa de la misma, porque en lo que a él concierne tiende a disminuir el número de sus empleados públicos de nombramiento proveniente de un acto administrativo y a incorporar de nuevo ingreso mediante la firma de contratos individuales», explicó en su visita al Levante-EMV.


Proceso de descentralización


La ayuda valenciana acompañará este largo proceso en El Salvador gracias a la firma de un convenio, la pasada semana, entre el Consell y los 120 municipios que constituyen el Fons Valencià per la Solidaritat, para la puesta en marcha de un Programa de Apoyo a Gobiernos Municipales de la Mancomunidad de los Nonualcos de El Salvador del que, según sus promotores, se beneficiarán cerca de 300.000 salvadoreños. Este proyecto cuenta con una financiación de 323.322 euros y «facilitará la contribución al proceso de descentralización en El Salvador a través de la dotación de instrumentos a las municipalidades y el apoyo en la aplicación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal», indicaron fuentes de la Conselleria de Ciudadanía.


Después de una guerra civil que duró 12 años (1980-1992), y tras los acuerdos de paz la prioridad fue la reinserción a la vida económica, política y social de los insurrectos y no se incidió en la potencialidad de las municipalidades para el desarrollo. «La carrera administrativa en El Salvador no existe y el gobierno actual impone un cuerpo funcionarial en el que el 80% de la plantilla es por contrato y no viene regido por el derecho administrativo», incide Morales Ehrlich que defiende la figura del «funcionariado apartidista como sustento de la Administración».


Una carrera de dos velocidades


Será a partir de 1998 cuando los alcaldes reflexionan y toman como propia la defensa de la carrera administrativa para dar estabilidad a la Administración. Y los Congresos Nacionales de Municipalidades celebrados en 1999, 2000 y 2002 acordaran la elaboración de una propuesta técnica y anteproyecto de ley sobre la carrera, así como presentarla a la Asamblea Legislativa. Es este momento, en el que la Corporación de Municipalidades de la República, junto a otras entidades locales y el Fons Valencià per la Solidaritat, deciden dar el salto. Y el Anteproyecto de Ley tomó cuerpo de Ley.


Sin embargo, esto ha provocado una carrera de dos velocidades: por un lado, los municipios que son claros aplicadores de la nueva norma, al integrar la carrera a través de la puesta en marcha de tablas salariales, reglamentos internos y la reducción de la discrecionalidad en la selección de su funcionario, entre otras prácticas; por otro, el Gobierno central que no la aplica para el cuerpo administrativo del Estado.

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