Tribunales

Shakira deposita otros 6,6 millones por una nueva querella de la fiscalía por fraude a Hacienda

Con la nueva suma ya son casi 100 millones de euros los depositados por la ganadora de los últimos Grammy Latinos por sus problemas con el fisco

La cantante Shakira, a su salida del juicio en Barcelona por fraude fiscal.

La cantante Shakira, a su salida del juicio en Barcelona por fraude fiscal. / EP

J. G. Albalat

Shakira ha consignado en el juzgado otros 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía de Barcelona en la nueva querella que presentó el pasado mes de julio por el presunto fraude a Hacienda durante el ejercicio 2018, según las fuentes judiciales consultas por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica . Esta acción, sin embargo, no presupone en absoluto la culpabilidad o inocencia de la cantante. Simplemente, es una muestra más de la voluntad de artista colombiana de liquidar sus posibles deudas ante la Agencia Tributaria española. 

Con esta cantidad, ya son casi 100 millones de euros la cantidad depositad por la ganadora de los últimos Grammy Latinos sus problemas con el fisco: 65 millones por el impago de impuestos del 2011 (está recurrido ante la Audiencia Nacional), unos 25 millones, multas inclusive, por la reciente condena de la Audiencia de Barcelona, tras un pacto con la fiscalía y las acusaciones, por fraude a Hacienda entre el 2012 y 2014 y, por último, estos 6,6 millones de euros que entregó hace un tiempo en el juzgado de Esplugues de Llobregat que instruye la nueva querella de la fiscalía. Esta acción supondría, en caso de que este asunto llegue a juicio, una rebaja de la eventual pena por la reparación del dañó.

Por ahora, Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) no ha sido citada a declarar por esta acción del ministerio público. El proceso judicial se retrasó unos meses ante la dificultad de notificar la querella del 2018 a la cantante, que se trasladó a vivir a Miami (Estados Unidos), junto con sus dos hijos, tras la ruptura de la relación sentimental con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. En un principio, es muy posible que la declaración se realice a través de videoconferencia y, de esta manera, la cantante no deba de nuevo acudir a España. El objetivo no es otro que facilitar la tramitación de la causa y evitar otro tsunami mediático alrededor de la artista-

La Fiscalía de Barcelona acusa en esa nueva querella a Shakira de haber defraudado a la Agencia Tributaria 6,1 millones de euros en el ejercicio de 2018 y, por esta razón, le atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública. Con los intereses de demora, la deuda alcanza los 6,6 millones de euros. La acusación pública sostiene que la artista colombiana se aprovechó de un "entramado societario", con una empresa radicada en Luxemburgo, para no pagar impuestos en España. En estas operaciones también participaron compañías en España, Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein.

Entramado en Luxemburgo

La querella relata que Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) residía en 2018 en Esplugues de Llobregat junto con su entonces pareja, el exfutbolista Gerard Piqué y sus dos hijos. Al ser residente en España "estaba obligada", incide la querella, a presentar las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Patrimonio por el total de sus rentas a nivel mundial, con independencia del lugar donde se hubiera producido el trabajo o la residencia del pagador.

Al entender de la fiscalía, Shakira, para no tributar el IRPF del ejercicio 2018, "se sirvió de un entramado societario", derivando sus ingresos a compañías domiciliadas en países de baja tributación y de "alta opacidad", como Luxemburgo. La acusación detalla como la empresa AC, participada por otra domiciliada en Malta, percibió ingresos por la cesión de derechos musicales de la cantante y "satisfizo y contabilizó" parte de los gastos de su actividad profesional, como una gira por Estados Unidos.

Para ello, la artista, "movida por el deseo de tributar lo menos posible", suscribió diferentes acuerdos (Tax Rulling) con las autoridades fiscales de Luxemburgo en las cuales se fijaban unas condiciones específicas de tributación, dando lugar a pagar menos impuestos. El tipo de gravamen era únicamente 1,39% sobre los ingresos ordinarios declarados por la sociedad. Para la acusación, esta sociedad era "interpuesta" e "instrumental" a los únicos efectos fiscales, pues no llegaron a ejercer ninguna actividad, "limitándose a una intervención meramente formal y administrativa".