El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, se enfrenta esta mañana a una posible inhabilitación de 8 años para cargo público, en una vista oral que se seguirá en el Juzgado de lo Penal número 3 de Castelló. Santamaría está acusado de un delito de prevaricación, que conlleva la inhabilitación especial para cargo público. La Fiscalía acusa al edil borriolense de no ejecutar las órdenes de derribo de una cuadra de caballos ilegal, propiedad de un matrimonio al que se le imputa un posible delito contra la ordenación del medio ambiente. Es la segunda vez en menos de un año en que Santamaría se sentará en el banquillo como acusado.
La Fiscalía pidió en septiembre de 2010 al juzgado de lo penal la apertura de un juicio oral, que se celebrará hoy. Los hechos, que datan de hace más de una década, fueron expuestos en 2006 por un propietario de Borriol que denunció a un matrimonio vecino por las molestias que le ocasionaba una cuadra de caballos construida de forma irregular en su parcela. Entonces la defensa del propietario denunció a Adelino Santamaría por no intervenir para zanjar las irregularidades urbanísticas citadas.
El alcalde tuvo que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Castelló en dos ocasiones, al imputársele en aquella fase del proceso tres presuntos delitos: omisión del deber de perseguir el delito, desobediencia y coacciones.
Molestias continuadas
Fuentes próximas al caso recuerdan que el denunciante llevaba años sufriendo las molestias ocasionadas por la cuadra y quejándose al consistorio. Harto de la situación interpuso un recurso contencioso, cuya resolución refrendada por la Audiencia de Castelló, obligó al ayuntamiento a demoler la cuadra. Instalación que volvió a levantar el matrimonio denunciado. Por ello el vecino denunciante volvió a pedir al consistorio que interviniera y ejecutara la sentencia.
Sin embargo, las órdenes de derribo (decretos municipales de 22 de junio de 2004 y 2 de agosto de 2005), apuntan las citadas fuentes, no se llevaban a cabo. De ahí la acusación de no perseguir la construcción ilegal. Y en el transcurso del proceso judicial, el denunciante amplió la denuncia contra el alcalde por un presunto delito de coacciones, después de que Santamaría enviara a su domicilio "una inspección". El 8 de noviembre de 2007, la Audiencia de Castelló emitió un auto por el que estimaba ese recurso.
La Fiscalía recoge en el escrito enviado al juzgado en septiembre de 2010, que hasta entonces las cuadras denunciadas no habían sido demolidas, ni desde el consistorio borriolense se habían adoptado medidas "para la ejecución de las mencionadas resoluciones firmes" del juzgado.
En su escrito, el Ministerio Fiscal pide para el matrimonio propietario de la cuadra la pena de un año de prisión para cada uno, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción durante el tiempo de la condena y una multa de 18 meses con cuota diaria de 20 euros y asumir el coste de la demolición de la cuadra.
Pruebas periciales
La tramitación de este proceso, que desemboca en el juicio de esta mañana se ha dilatado en el tiempo por la interposición de sucesivos recursos por el matrimonio acusado y el alcalde.
Asimismo, fuentes conocedoras del procedimiento confirman que en el juicio que se inicia esta mañana está prevista la realización de 16 pruebas periciales, planteadas por los abogados del alcalde, del matrimonio acusado, el denunciante y la Fiscalía.
El caso tiene elementos similares al que acabó inhabilitando como alcalde de Navajas al popular José Vicente Torres.
