El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, se enfrenta por segunda vez en menos de un año a un proceso judicial que puede acabar en una pena de inhabilitación de ocho años para seguir desempeñando sus funciones políticas como alcalde y diputado provincial. Santamaría está acusado de un presunto delito de prevaricación tras no ejecutar dos órdenes de derribo de un cuadra construida de forma ilegal en 2003. En abril de 2011 se le imputó un presunto delito de malversación de fondos públicos del que resultó ser declarado no culpable por un jurado popular.
Los hechos se remontan a 2003, cuando los dueños de una cuadra situada en el término de Borriol volvieron a levantarla después de haberla demolido en 1999 en cumplimiento de una sentencia judicial. Los dos propietarios del establo de caballos, que presuntamente alzaron la estructura de forma irregular, se enfrentan a un pena de un año de prisión, a la inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción durante este periodo y a una multa de 18.000 euros.
Según la acusación, el alcalde decretó en junio de 2004 y en agosto de 2005 "la suspensión inmediata de las obras y desmonte de las mismas" mediante dos decretos de alcaldía. La fiscalía acusa a Santamaría de "no adoptar medida alguna al respecto de la ejecución de los mencionados decretos, que fueron notificados en tiempo y forma a los otros acusados, quienes hicieron caso omiso a su contenido e incumplieron ambas resoluciones". La cuadra se encuentra en una parcela de 1.762 metros cuadrados, en suelo no urbanizable de uso común.
Juicio aplazado
El juicio, que debería haberse celebrado el pasado jueves, se aplazó hasta el 15 de mayo por la incomparecencia de un perito de la defensa. Tras posponerse la vista oral, el alcalde borriolense dijo sentirse "completamente inocente" y reiteró su confianza "en que la justicia funcione". Adelino Santamaría aseguró haber hecho "todo lo correspondiente a un expediente de este tipo" y matizó que la cuadra sigue en marcha "porque tiene todo el derecho a estarlo".
La defensa se ampara en que al volver a construir la infraestructura el ayuntamiento pidió la autorización a la Conselleria de Medio Ambiente y que, tras este trámite, los propietarios de la cuadra cumplieron con la legislación al alzarla "a una distancia de 50 metros de la raya blanca del arcén". Para la letrada de la acusación el consistorio incumplió las dos órdenes de derribo después de que "el alcalde dijera en un decreto que la denegación de la licencia era firme una vez que la autorización previa de la conselleria caducase al haber transcurrido el plazo de 6 meses sin que se regularizara dicha licencia".
En abril de 2011 la Fiscalía pedía para el alcalde de Borriol una pena de tres años de cárcel y siete años de inhabilitación por un presunto delito de malversación de fondos por haber pagado supuestamente con fondos públicos los costes de un juicio contra este periódico. Un jurado popular le declaró no culpable.
