La Generalitat Valenciana solo perseguirá a las compañías de autobuses irregulares que operan en la estación de Castelló si las líneas legales o el ayuntamiento presentan denuncias previas. Estas empresas clandestinas llevan diez años operando y una de las razones que explica este hecho es el limbo legal en el que se encuentra el lugar. El Consell y el ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre su titularidad y ayer se pasaron la pelota sobre la gestión del recinto.
La Conselleria de Infraestructuras afirmó ayer que la terminal de Castelló es una concesión municipal y "quien tiene que denunciar estas actuaciones es el ayuntamiento o las empresas de autobuses", según el departamento de Isabel Bonig, mientras fuentes del ejecutivo local reiteraron que la estación no es de su competencia. La ausencia de propietario ha sido expuesta a este diario por las propias empresas legales de autobuses y esta circunstancia facilita la circulación de firmas clandestinas, que actúan diariamente sin ningún control por parte de la administración. Esta práctica se ha descubierto ahora por una avería en la AP-7 en Santa Magdalena de Pulpis de uno de estos autobuses clandestinos.
Desde de la asociación provincial del transporte de viajeros explicaron que el Gobierno valenciano fue responsable de la construcción de la estación, que fue inaugurada en 2000, y que inicialmente pretendió ceder la limpieza y seguridad al ayuntamiento. Si embargo, ninguna administración se ha hecho cargo de su mantenimiento y la estación continúa sin titular. Vendedores de líneas fraudulentas siguen esta semana paseándose sin ningún control por el recinto, que a diferencia de la estación de Renfe, carece de vigilancia. Lo hacen a pesar de la reciente apertura de una investigación de la Guardia Civil al autocar ficticio averiado. Estas rutas irregulares se suceden desde el año 2002. La Conselleria espetó que hasta el momento la Agencia Valenciana de Movilidad no ha recibido denuncia alguna, y "si no se realizan no puede iniciar actuaciones". "Si se presentaran se harían la inspecciones pertinentes", apuntaron desde Infraestructuras.
La patronal urge inspecciones
De esta manera, el Consell deja en manos del ayuntamiento y de las líneas regulares la puesta en marcha de posibles actuaciones. La conselleria no tomará cartas en el asunto si ambas partes no presentan las denuncias correspondientes. Por su parte, la Guardia Civil mantiene en curso la investigación abierta contra la empresa pirata que fue descubierta en Santa Magdalena de Pulpis.
El presidente de la asociación de transporte de viajeros de Castelló, Vicente Cuevas, reclamó ayer al Consell que lleve a cabo las inspecciones oportunas a fin de "asegurar la legalidad de las compañías que operan y las garantías de los usuarios".
Las firmas irregulares programan itinerarios al extranjero con precios mucho más económicos que los oficiales. Además de no pagar tasas, carecen de las mínimas garantías de seguridad, tal como se constató en la avería de Santa Magdalena, donde el pasaje se quedó a la intemperie 24 horas al no querer hacerse responsable de la ruta las empresas de la estación por ser un vehículo clandestino.
