Aunque mantiene abierta la vía judicial, el Ayuntamiento de Castelló empieza a asumir la posibilidad de redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana tras los reveses judiciales cosechados por el actual planeamiento. El alcalde, Alfonso Bataller, avanzó ayer que en 2013 mantendrá una ronda de contactos con asociaciones vecinales y colegios profesionales a fin de sondear un nuevo modelo urbanístico.
El objetivo inicial del equipo de gobierno es agotar el proceso judicial presentando un último recurso de casación contra el auto del TSJ que, en cumplimiento de una sentencia del Supremo de 2011, obliga a rehacer el Plan General. El consistorio considera que la última exposición al público que ha impulsado para restituir el PGOU se ajusta a lo ordenado por la justicia y tomará una decisión sobre su planeamiento cuando resuelva la casación el Alto Tribunal, en un plazo de entre seis a ocho meses. Sin embargo, ya contempla una posible negativa de los tribunales. Además, la asociación vecinal demandante podría exigir la ejecución inmediata de la sentencia con independencia de que el Supremo acepte a trámite la casación.
Los presupuestos de 2013 carecen de una partida para impulsar un nuevo documento, pero el primer edil aseguró que el ayuntamiento "está en disposición de elaborar un nuevo PGOU desde el minuto cero" y confió en que los tribunales amplíen el plazo -dos meses inicialmente- para elaborar otro plan en caso de no prosperar la casación. Asimismo, reveló que antes de que el TSJ anulara el último trámite de alegaciones, el gobierno local ya había diseñado para el próximo ejercicio una serie de reuniones con los agentes socioeconómicos para abordar el futuro planeamiento urbanístico. Esta ronda de encuentros denota que los munícipes populares tienen en mente desde hace tiempo la realización de otro PGOU ante la maraña judicial en el que se encuentra el actual plan.
Tres millones de coste
Bataller reiteró que realizar otro texto urbanístico supondría un gasto de entre tres a cuatro millones. Este coste incluiría la adaptación del PGOU de 2000 a la realidad físico-jurídica actual y la elaboración de una serie de informes que emanan de las nuevas leyes ambientales. Este trabajo se dilataría cerca de cuatro años.
Decreto del Consell
Mientras no pidan los vecinos la aplicación de la sentencia, el ejecutivo local esperará las directrices definitivas del Supremo. En este tiempo Castelló aguantará con un régimen transitorio de la Generalitat. Esta normativa, con 4 años de vigencia, permite al ayuntamiento seguir trabajando en unidades consolidadas que proceden del PGOU de 2000.
No obstante, su viabilidad pende de un hilo, ya que la entidad vecinal lo ha recurrido por carecer de un periodo de alegaciones. Asimismo, otros vecinos podrían pleitear contra los planes urbanísticos del año 2000 que se puedan desarrollar al estar anulado el PGOU.
