Cinco años más de paciencia. Es el plazo que queda por delante para llegar a 2019 y dar carpetazo al histórico peaje de la autopista AP7 en la Comunitat Valenciana, que ha acompañado a los ciudadanos de Castelló, Valencia y Alicante durante casi medio siglo. Sin un euro en la caja que permita adelantar fechas y pagar la millonada que supondría un rescate inmediato, el Ministerio de Fomento tiene ya claro, según han confirmado fuentes del Gobierno, que una vez finalice la concesión la AP7 será gratuita, una opción reclamada durante años por numerosos colectivos sociales, ciudadanos y políticos y que ahora, con la presión de soportar una elevada siniestralidad en la N-340 a su paso por la provincia de Castelló, parece llegar a buen puerto.
La postura oficial se dará a conocer previsiblemente el próximo lunes, día en el que el subdelegado del Gobierno, David Barelles, tiene prevista una reunión con la plataforma de afectados que se ha creado en Castelló en defensa de una solución inmediata a la peligrosa N-340. En cualquier caso, las fuentes consultadas aseguraron ayer que «es una decisión firme» del Gobierno de no renovar más la concesión a partir de 2019, lo que supone en la práctica tomar la decisión más lógica y barata: dejar en el tintero el eterno proyecto de la variante de la N-340 entre Castelló y Orpesa y no pagar nada por reconvertir en autovía gratuita la autopista.
Fue en el año 1971 cuando Aumar -en la actualidad Abertis-comenzó a gestionar la carretera de pago en la Comunitat Valenciana, por lo que si se cumple lo prometido el peaje pasará a la historia en 2019 tras 48 años. Ya hubo una opción el año 1997 de zanjar la concesión, que debía finiquitarse en 2006, pero los entonces presidentes del Gobierno, José María Aznar, y de la Generalitat, Eduardo Zaplana, optaron por prorrogar el peaje 13 años más, hasta 2019, no sin críticas por parte de los colectivos ciudadanos.
La solución, en cualquier caso, genera dudas sobre los pasos a dar a corto plazo ya que la sociedad castellonense insta a soluciones inmediatas para acabar con el drama de la N-340, una carretera que sólo en dos meses se ha cobrado ya la vida de seis personas. La opción inicial del Gobierno es obligar a los camiones a desviarse por la CV-10 en el tramo conflictivo que de Torreblanca a Nules. De hecho, ya ha colocado carteles orientativos en la zona a la espera de publicar en el Boletín Oficial del Estado la norma, en principio en abril.
Dudas del sector empresarial
Pero lo que en principio parecía una medida transitoria positiva se ha encontrado ahora con las quejas por numerosos servicios industriales y hosteleros que se distribuyen a lo largo y ancho de la N-340, que ven peligrar sus negocios en el caso de que el sector del transporte pesado tenga que desviarse por la autovía de la Plana. En este sentido, desde la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) se abogó ayer por buscar la fórmula adecuada «para conciliar la seguridad vial en la N-340 con el empleo y la economía».
En la última junta directiva, los sectores relacionados con la restauración y la distribución, entre otros, mostraron su «preocupación» por las consecuencias al considerar que «se puede generar un impacto económico negativo para aquellos negocios relacionados con estos sectores empresariales ubicados a lo largo del trayecto entre Nules y Torreblanca, afectando de manera muy especial al empleo de las poblaciones existentes en ese recorrido, a las familias y la economía de la localidad».
Por ello, la CEC propone que se adopten "soluciones alternativas a la total restricción de circulación de los vehículos pesados en ese tramo de la N-340" y que exista "una mejor señalización y orientación informativa que permita a los conductores de camiones de largo recorrido que puedan continuar su trayecto por la CV-10 y, de esa manera, contribuyan a descongestionar el tráfico de vehículos pesados por el interior de las poblaciones con el riesgo que eso conlleva".
Para la patronal, "es muy importante destacar que la restricción del tráfico de camiones por la carretera N-340 ha de permitir conciliar la seguridad vial con los intereses económicos de las poblaciones afectadas".
Además, exige que "se terminen cuanto antes las obras de la CV-10 hasta el límite con la provincia de Tarragona, puesto que se trata de una infraestructura prioritaria para los intereses económicos de la provincia de Castellón".
