Un grupo de once inmigrantes malienses fueron trasladados el pasado lunes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores hasta Barajas para ser deportados hasta sus países. Según manifestó ayer la organización CIEs No en la que se agrupan varias ONG, nadie les había comunicado con anterioridad este proceso de deportación, lo que ha provocado un profundo malestar, tanto en las personas implicadas procedentes de las últimas oleadas de inmigrantes en Melilla, como en el resto de los internos en el CIE.

Según CIEs NO, los actuales internos en el centro de Zapadores 97 hombres y mujeres se reunieron en asamblea después de estas últimas deportaciones y acordaron escribir una instancia al director del centro, Jesús Arce, para iniciar una huelga de hambre. Según denuncia la organización, «la carta fue hecha pedazos por los policías de la garita» en un primer intento, aunque posteriormente «un grupo grande de personas internas acompañó la entrega por segunda vez, y esta vez sí fue llevada ante el director, que no ha dado respuesta». Este periódico pudo confirmar que Arce no se encontraba ayer en las dependencias del CIE debido a asuntos familiares.

Por otro lado, desde la Brigada Provincial de Extranjería de Valencia se afirma que el director de una institución como es el CIE de Zapadores «poco puede hacer en cuanto a las deportaciones». En este sentido, se apunta que los procesos para la devolución de los inmigrantes a sus lugares de origen no se tramitan en este centro, sino que vienen dictados por otras instancias y «aquí sólo se cumple la ley». Respecto a la huelga de hambre anunciada por los internos como respuesta a la deportación de los once malienses, desde este órgano policial, responsable de la inmigración en la provincia y por ende del CIE, se insiste en que «poco se puede hacer si es la manera en la que han elegido hacer sus protesta».

La asamblea de internos en Zapadores denuncia, según CIEs No, que las deportaciones son sin previo aviso o con muy escasa antelación. De ese modo, destacan que la policía «evita que se presenten, y sobre todo que prosperen, las medidas judiciales cautelares que pueden detener las deportaciones».

En octubre de 2013 ya se produjo una huelga de hambre por parte de unos inmigrantes de origen argelino. En este caso, la situación terminó con un intento de huida fallido y denuncias por presuntos malos tratos de los policías. Sin embargo, estas denuncias por agresiones no han desembocado, hasta la fecha, en ninguna condena judicial.