Pese al soleado día de fiesta que amaneció el 1 de mayo, la indignación por el recorte de derechos laborales y sociales pudo más que la tentadora playa y más de 2.000 castellonenses se unieron a la tradicional manifestación del Día del Trabajador, que partió de la Plaza de las Aulas y recorrió sin incidentes varias calles del centro de la ciudad para culminar de nuevo en el punto de partida. De igual modo, Vinaròs concentró a más de 300 personas en su también habitual protesta del Día del Trabajador, que reúne a parte de los pueblos del norte de la provincia.

La tensión y el enfado generalizado con la reducción de derechos ejecutada por el Gobierno de Mariano Rajoy aumenta de forma progresiva, especialmente debido al aumento del desempleo y los efectos palpables de la reforma laboral, que ha propiciado el despido «objetivo» de empleados con una indemnización tres veces inferior a lo que marcaba la normativa previa o la reducción unilateral de salario sin respetar los acuerdos fijados en el convenio colectivo.

Cada vez son más las personas de la provincia que han perdido su puesto laboral (80.000 personas, un 28 % de la población activa) o que se ven sometidos a un empleo en precario con el que no pueden hacer frente a sus gastos básicos de vivienda y alimentación.

Muchos de ellos se sumaron ayer a la manifestación para exigir soluciones al Gobierno. Otros ni siquiera acudieron debido precisamente a sus obligaciones laborales o simplemente a la pérdida de esperanza en este tipo de reivindicaciones simbólicas, que hasta la fecha no han hecho rectificar ninguna de sus medidas al Gobierno del PP.

Eso sí, la diversidad de las capas sociales presentes en las manifestaciones públicas va en aumento, lo cual refleja que la franja poblacional de indignados con la acción de las instituciones se amplía a pasos agigantados. La protesta del 1 de Mayo también fue utilizada por diversos colectivos para plantear sus reivindicaciones por cuestiones más allá de las laborales, tales como el impago de las ayudas de vivienda de la Generalitat, que sólo en la provincia de Castelló afecta a más de 5.000 personas a los que el Consell les adeuda cerca de 25 millones. Los recortes en educación y la pérdida de condiciones de los trabajadores funcionarios fueron otros de los caballos de batalla que se exhibían en pancartas de todos los tamaños y diseños. Detrás de las pancartas más grandes se situaban partidos políticos de la oposición y sindicatos mayoritarios, que siguen sin poder frenar al Gobierno.